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Juan Bautista Arríen Somarriba
La Ley de contrataciones administrativas del Sector Público de Nicaragua y su reglamento han regulado una vía administrativa constituida por tres recursos administrativos, aclaración, impugnación y nulidad, con innovaciones jurídicas, por ejemplo, su resolución por entidades que no tramitan las licitaciones y concursos, es decir, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, en una especie de descentralización de dicha vía, así como una suspensión automática por la admisión a trámite de los mismos pero con graves irregularidades o fallas técnicas que podrían crear incertidumbres en la tramitación y calendarización de los procedimientos de compra e incluso impedir, en determinados momentos, la ejecución de los contratos públicos, por lo que resulta oportuno analizarlos y plantear propuestas en pro de mejorar su regulación.
