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Granada, España
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en objeto de un amplio y controvertido debate. El análisis de ese debate muestra que existe un problema conceptual, por la ausencia de acuerdo sobre la definición de la IA, y un problema funcional derivado de la relevancia asignada en el mismo a los componentes técnicos, éticos y jurídicos. Hay una clara prevalencia de los primeros, una insistente invocación de los segundos y una escasa atención al discurso jurídico. En principio, jurídicamente, hay que distinguir dos cuestiones: por una parte, la aplicación de la IA al estudio y la práctica del derecho y, por otra, la regulación de la IA. El modelo de regulación de la IA se plantea desde diferentes perspectivas metodológicas que confirman la necesidad de adoptar un enfoque proactivo y abierto, no formalista, para la organización de su gobernanza. El estudio de la práctica muestra que son muy pocos los Estados que han adoptado estrategias o planes de acción en la materia y, en el marco internacional, la mayoría de las iniciativas están localizadas en organizaciones o foros regionales o interregionales participados por países tecnológicamente desarrollados. El ordenamiento jurídico internacional ha de activar mecanismos de respuesta de alcance universal frente a esa situación y al desafío global que implica la gobernanza de la IA.
Artificial intelligence (AI) has become the subject of a wide-ranging and controversial debate. The analysis of the debate shows two main problems: the conceptual problem arises from the absence of agreement on the definition of AI; and the functional problem derives from the different relevance given to the technical, ethical and legal components. There is a clear prevalence of the former, an insistent invocation of ethical aspects and little attention to legal discourse. From a legal standpoint, two issues must be distinguished: the application of AI to the study and practice of law and the regulation of AI. The model of AI regulation is approached from different methodological perspectives that confirm the need to adopt a proactive and open, non-formalist approach to the organisation of its governance. The study of practice shows, however, that very few States have adopted strategies or action plans in this area. In the international framework, most of the initiatives are located in organizations or forums participated by technologically developed countries. The international legal system must activate universal mechanisms, norms and procedures to respond to this situation and to the global challenge of AI governance
