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Después de casi 40 años de contar con un salario deteriorado en el país por atenderse a criterios económicos, se dieron los primeros pasos para su recuperación a través de una reforma constitucional y legal para desvincular al salario mínimo como referencia para fines ajenos a su naturaleza y permitir a éste cumplir con sus fines propios: ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Sin embargo, la defensa del salario como componente del derecho del trabajo, en la práctica ha propiciado la transgresión de otro derecho humano: el de la seguridad social, al verse afectadas, principalmente, las pensiones con la aplicación de la UMA, siendo que el objetivo social de éstas es asegurar la estabilidad de los ingresos al momento del retiro de la vida laboral.
