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Rhita Bousta
Consagrado por el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a principios del siglo XXI, el derecho a una buena administración ha, desde entonces, circulado por ordenamientos jurídicos muy variados. Concepto abierto destinado principalmente a reforzar los derechos de la defensa durante el procedimiento administrativo, el derecho a una buena administración se convierte, en muchos casos, en un conjunto de derechos ya existentes. Este artículo demuestra su polisemia, tanto en los textos jurídicos como en la jurisprudencia. Para justificar su tesis, la autora ofrece un análisis crítico y comparado de los sistemas europeo y español poniendo de relieve el carácter redundante del derecho a una buena administración en esos ordenamientos. A modo de conclusión, y como alternativa, propone una definición de la buena administración con un enfoque restrictivo y, entonces, posiblemente innovador.
