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La reforma de la Constitución Dominicana en el año 2010 ha resultado en un impulso significativo al sistema de defensa y protección de los derechos humanos, fundamentales, medioambientales y colectivos y difusos ya que con la constitucionalización y la inclusión en el ordenamiento jurídico dominicano de instrumentos internacionales de Derechos Humanos aprobados y ratificados por los poderes públicos, se ha potencializado las prerrogativas de las personas y los mecanismos para hacerlos operativos; en adición a esto, el establecimiento de los principios de interpretación y reglamentación de los derechos en el artículo 74, numeral 4 que establece el principio de favorabilidad describiendo que: “Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”.
