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La realidad sociológica resalta que más de la mitad de la población de Honduras vive en la pobreza, desigualdad y discriminación, y que, a pesar de los esfuerzos nacionales por la superación de esa situación, sigue prevaleciendo y es agravada por altos niveles de violencia, delincuencia, en particular, narcoactividad, crimen organizado, corrupción e impunidad. Esa situación real contrasta con lo que ha buscado históricamente el Estado constitucional y lo que prescribe más amplia y expresamente la normativa fundamental formalmente vigente. En efecto, hay una patente contradicción entre la realidad hondureña y el fin superior del Estado y del derecho de proteger, respetar, defender y promover la dignidad humana, como fin supremo y premisa antropológica-cultural del Estado democrático de Derecho. Este artículo busca orientar hacia la eliminación de esa contradicción que es nugatoria del fin supremo constante e imperativo del Estado democrático de derecho en Honduras. Por misión institucional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos e iniciativa del autor de éste artículo[1], se promueve, desde el año 2014, un excepcional movimiento social por la dignidad humana y la justicia social, en Honduras, que comprende principalmente, entre otros aspectos, el proceso en ejecución denominado “Municipios de Bienestar Solidario” que es estrategia propia de gobernabilidad democrática para superar esa disgregación entre el imperio del derecho y los hechos, a fin de hacer prevalecer la protección y el respeto de la dignidad humana, desde el nivel municipal, utilizando como instrumentos la cultura democrática y educación en derechos humanos, así como mecanismos universalmente reconocidos por las Naciones Unidas, en este siglo XXI; a saber: la seguridad humana y el desarrollo sostenible.
