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No es necesario reformar el Tribunal Constitucional en España. En general, el modelo de control concentrado vigente sigue manteniendo su prestigio internacional y comparado, así como un pleno reconocimiento de evaluación científica. Tras los cambios legales de 2007, se solventó lo que constituía el gran factor de bloqueo: la sobrecarga de casos de amparo constitucional producida por la acumulación de miles de asuntos que habían generado un auténtico desbordamiento. Esto no quiere decir que no haya aspectos problemáticos pendientes en relación con el Tribunal Constitucional, que se refieren más bien a cuestiones operativas que afectan a su funcionamiento efectivo, sino que tiene que ver con el mecanismo de nombramiento de los magistrados y el considerable y reiterado retraso en el tiempo de sus sentencias.
