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Hilario Manuel Hernández Jiménez
La profusión normativa que se está produciendo durante la vigencia del estado de alarma, está provocando que muchas de las determinaciones no están dotadas de la suficiente claridad, lo que genera, a su vez, una sensación de inseguridad jurídica en el administrado y en el aplicador del derecho. Esta circunstancia es la que está ocurriendo en la actualidad con la suspensión de los plazos administrativos en relación con los procedimientos urbanísticos y el acuerdo de levantamiento de la suspensión con efectos desde el 1 de junio de 2020.
