El presente trabajo analiza la constitucionalidad de las medidas de geolocalización de los ciudadanos mediante aplicaciones instaladas en dispositivos móviles adoptadas por la Orden 297/2020, atendiendo a ese fin al contenido de los derechos fundamentales a la privacidad y a la libertad de movimientos en el marco de la situación jurídica creada por el estado de alarma, que se considera asimismo inconstitucional. Finalmente se analizan los problemas de privacidad que plantean las nuevas aplicaciones de rastreo que se están implantando con motivo de la emergencia sanitaria.