Acceso usuarios
Carla Esplugues Barona
La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 supuso la adopción de una serie de medidas de carácter excepcional entre las que se incluye la suspensión de los plazos administrativos y, por ende, con carácter general, de los procedimientos de contratación administrativa. Sin embargo, el legislador ha buscado proporcionar los cauces necesarios para agilizar y flexibilizar la contratación de obras, bienes o servicios necesarios para hacer frente a la pandemia. Adicionalmente, la situación actual ha puesto sobre la mesa deficiencias existentes en la regulación de la contratación administrativa y la necesidad de que la Administración incorpore, en su caso, las reformas necesarias para hacer frente a la nueva realidad post-coronavirus.
The state of alert adopted in Spain on March 14th, 2020 involved exceptional measures as the suspension of administrative terms and deadlines, including those related to Public Tenders. The Spanish regulator has searched for the necessary ways to facilitate the procurement of goods, works and services to face COVID-19. However, the current situation has underlined the weaknesses of Spanish Administrative Contracts’ regulation and the need of improving it.
