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Valencia, España
La Administración de Justicia no es ajena al impacto que el COVID-19 está teniendo en la salud de las personas y en la prestación de la función constitucional que le es propia. Por tal motivo, desde la misma declaración del estado de alarma se han venido aprobando una serie de medidas extraordinarias con un triple objetivo: de un lado, proteger la salud de trabajadores, profesionales y la del resto de personas que se relacionan con la Administración de Justicia; de otro, garantizar la tutela judicial efectiva, y, por último, dotar a este poder del estado de los medios necesarios para poder hacer frente a la nueva situación que surgirá tras el levantamiento del estado de alarma. El presente trabajo describe las medidas extraordinarias aprobadas que afectan a los procesos judiciales cuyo conocimiento compete a la jurisdicción social.
The Administration of Justice is no stranger to the impact that COVID-19 is having on people’s health and on the provision of its own constitutional function. For this reason, since the same declaration of the state of alarm, a series of extraordinary measures have been approved with a triple objective: on the one hand, to protect the health of workers, professionals and that of other people who are related to the Administration of Justice; on the other, guaranteeing effective judicial protection, and, lastly, endowing this state power with the necessary means to face the new situation that will arise after the alarm state is lifted. The present work describes the extraordinary measures approved that affect the judicial processes whose knowledge is the responsibility of the social jurisdiction
