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La justicia parental procura determinar si los costos que surgen tras el nacimiento de un niño deben ser internalizados en su totalidad por los progenitores o si, por el contrario, es posible que algunos de ellos sean socializados. La respuesta a este interrogante, permite evaluar si aquellas políticas públicas que implican trasladar algunos de estos costos a la sociedad se encuentran justificadas o no. Así, el presente trabajo pretende reconstruir y analizar los argumentos que se han desarrollado a favor y en contra de la socialización de los costos de crianza. Dentro de los primeros, se exponen los que parten de consideraciones propias de la justicia distributiva, como los que lo hacen de la noción de autonomía. Dentro de los segundos, se presenta el argumento que se enmarca en la igualdad de recursos de Dworkin. Finalmente, se ofrece un argumento adicional que procura ser un aporte al debate hasta ahora desarrollado.
