El trabajo tiene por objeto distinguir los valores e intereses que se tratan de proteger bajo el concepto genérico de privacidad. Junto al planteamiento liberal de esos valores, en términos de aislamiento, intimidad, confidencialidad o autodefinición, y las aproximaciones más recientes a la privacidad informacional o protección de datos personales, se expone cómo el entorno digital ha supuesto un cambio cualitativo en la comprensión del concepto que favorece especialmente la consideración de su dimensión social y política. La privacidad tiene relevancia pública en cuanto que se trata de un bien colectivo, es un elemento constitutivo de una sociedad democrática, debe condicionar una esfera pública inclusiva y plural y requiere transparencia y control públicos del sistema socio-técnico institucional. Por ello, se argumenta que la protección de la privacidad no puede organizarse conforme a un modelo de autogestión individual, sino con medidas y normas colectivas públicas y generalmente justificadas. Agentes privados y públicos deben estar conjuntamente comprometidos con la garantía de la igual capacidad de todo individuo de pensar, elegir, vivir y participar en que puede sintetizarse el núcleo complejo del concepto de privacidad.