Un Ayuntamiento tiene contratado un servicio con un fuerte componente de gastos de personal, resultando que la empresa prestataria reiteradamente está incurriendo en retrasos en el abono mensual de salarios a los trabajadores. La empresa contratista tiene cedidos con carácter general todos los créditos de las facturas a una entidad financiera (contrato de factoring), resultando, por tanto, obligado el Ayuntamiento a abonar las facturas reconocidas a dicha entidad financiera. La cuestión que se somete a consulta es conocer de qué tipo de herramienta jurídica puede disponer el Ayuntamiento para obligar a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales y salariales