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La Sentencia del TS de 10 de marzo de 2020 declara nulos los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamientos de vehículos con conductor (en adelante VTC). La nulidad se decreta por la oposición no a la normativa de transporte en los que la reforma reglamentaria se situaba con claridad sino por oposición a los principios generales de la actividad económica previstos en la LGUM. Esta es probablemente la mayor relevancia del pronunciamiento: su justificación en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
