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La crisis económica generada por la paralización de la actividad productiva que conlleva la lucha contra la pandemia de COVID-19 ha situado a la banca en el epicentro del problema. Por una parte, como sector que puede verse afectado por la cadena de impagos asociada a la propia crisis. Por otra, y de modo principal, por el papel que ya está desempeñando en la canalización hacia todo el tejido productivo de las ayudas financieras que los gobiernos han puesto en marcha para evitar el colapso de un elevado número de empresas. En este contexto de excepcionalidad, las autoridades reguladoras y supervisoras han diseñado un conjunto de “alivios” dirigidos a liberar parte de los colchones de capital y liquidez que serían exigibles en condiciones normales, al tiempo que se incorporan importantes flexibilizaciones en el reconocimiento contable del deterioro de activos y se amplía la gama de activos que pueden ser utilizados como colateral para las subastas de liquidez.
