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Juan Gabriel Monge Obando
El Derecho Administrativo Sancionador está inmerso en el poder punitivo del Estado, el cual permite penar o reprochar todas aquellas conductas de los administrados que se puedan considerar contrarias a derecho y en perjuicio de los intereses de la administración pública. Esta potestad sancionatoria debe utilizarse para vigilar las violaciones al ordenamiento jurídico, con la finalidad de procurar que en menor proporción se promueva la impunidad de los actos construidos o ejecutados de manera contraria al ordenamiento jurídico administrativo. Es por ello que, resulta de gran relevancia la eficiente aplicación que de ese derecho lleve a cabo la Administración Pública, procurando una reacción oportuna contra tales efectos nocivos. Mediante la creación de la jurisdicción contencioso administrativo, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de fiscalización judicial de los actos administrativos, así como, también, la fiscalización del uso de las facultades regladas, dotando a los administrados de un nuevo y verdadero derecho subjetivo que garantizara su defensa en caso de violaciones por parte de los gobernantes, ese sometimiento de la Administración Pública y su accionar se desprende de la relación de los artículos 11, 28, 41, 49 de la Constitución Política, junto a las contempladas en el Código Procesal Contencioso Administrativo, las cuales, brindan diversas potestades al Juez Contencioso Administrativo, para ejercer control de legalidad sobre los procedimientos administrativos llevados a cargo por la Administración Pública, para la imposición de sanciones.
