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A lo largo del presente trabajo se pretende, en primer término, poner de manifiesto la relevancia que ha tenido la potestad sancionatoria del Estado y de la Contraloría General de la República en Costa Rica como herramienta para reducir, prevenir y detectar la corrupción en el ejercicio de la función pública. Dicha facultad correctiva sin duda forma parte del núcleo esencial de deberes que el servidor público debe de respetar en razón de su investidura. En el Estado de Derecho, resulta fundamental que el funcionario público por convicción sea consiente de la importancia de rechazar y sancionar la ilegalidad en el ejercicio de su función que es de carácter público y en la cual debe predominar el interés general y público sobre el particular como una actuación ejemplar para los administrados.
Con base en lo anterior, a partir del análisis de los procedimientos tramitados por la Contraloría General de la República, se pretende analizar la efectividad de la sanción administrativa de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en los diferentes cargos de la Administración Pública y sus efectos en el fortalecimiento de la ética publica y reducción de los espacios a la corrupción.
