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Hubert Fernández Argüello
El ejercicio del régimen disciplinario por parte de las autoridades públicas, está sujeto, como toda potestad de imperio, a los principios, reglas y límites que impone en general, el Derecho de la Constitución, así como el ordenamiento jurídico administrativo, lo que constituye una manifestación concreta de las exigencias propias del principio de legalidad, pilar fundamental del Derecho Público y Administrativo.
En esta materia, siempre será objeto de regulación exhaustiva, no sólo el catálogo de obligaciones y deberes de las personas servidoras, que surge desde el momento mismo en que nace la relación de servicio que les vincula con una determinada Administración, sino también la tipificación de las conductas sancionables y las sanciones a imponer, lo mismo que el cauce procedimental por el que debe discurrir la investigación correspondiente, en el que además, habrá de respetarse plenamente el debido proceso y el derecho de defensa de la persona sometida a éste.
Este ensayo se enmarca en el estudio del último de los temas a que se ha hecho mención, el procedimiento administrativo disciplinario, y dentro de él, a la facultad que tiene la Administración, en el marco de una investigación de esa naturaleza, de imponer medidas cautelares, para garantizar la averiguación de la verdad real, proteger a terceros o permitir, en su caso, la realización de la actividad sustantiva de la entidad de que se trate, mientras se hace la determinación definitiva, acerca de la existencia o no de responsabilidad disciplinaria.
Las medidas cautelares, que constituyen decisiones de naturaleza esencialmente provisoria y temporal, buscan garantizar, mientras se tramita la investigación, el resultado final de ese procedimiento.- El trabajo analiza su régimen jurídico; particularmente las cautelas que pueden –y deben- imponerse dentro del procedimiento disciplinario contra las personas servidoras del ámbito judicial, conforme a las reglas que impone la Constitución Política costarricense, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la normativa conexa.
Se estudia, en concreto, su fundamento constitucional y legal, su finalidad y su objeto, los principios esenciales aplicables, así como las garantías mínimas de la persona investigada, en orden al establecimiento de un equilibrio entre las necesidades del procedimiento y los derechos y dignidad de la persona objeto de investigación.
Del mismo modo, el estudio abarca la tipología de las cautelares y su íter procedimental; a saber: el órgano competente para su imposición, la oportunidad para decretarlas, duración y trámite, así como el régimen de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial- y su extinción, esta última ligada normalmente a la emisión del acto administrativo que causa estado.
Del mismo modo, a efecto de contextualizar el análisis, se hace un recuento de las reglas y principios esenciales que rigen la actividad disciplinaria en la Corte Suprema de Justicia y los demás órganos judiciales; todo en aras de ubicar adecuadamente la temática de la tutela cautelar y todas sus implicaciones.
