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La ejecución de las decisiones judiciales constituye un elemento esencial del derecho fundamental a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva. En España la ejecución forzosa de las sentencias que condenan a la Hacienda Pública se ha visto obstaculizada mediante la declaración de inembargabilidad generalizada de los bienes de las Administraciones y a través de leyes ad hoc obstativas.
Sin embargo, en Europa los tribunales supranacionales y los tribunales constitucionales, como el caso del español, han reputado estas previsiones contrarias a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Los tribunales contencioso-administrativos cuentan para llevar a cabo la ejecución forzosa contra las Administraciones con un amplio margen de actuación y también con unos procedimientos, como el incremento del interés legal, las multas coercitivas, la anulación de actos contrarios o la amenaza del delito de desobediencia, que pueden aplicarse convenientemente para evitar que paradójicamente las Administraciones cuestionen la pervivencia del propio Estado de Derecho.
