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La Administración penitenciaria es la encargada de garantizar las prestaciones sanitarias a los internos en centros penitenciarios. Estas prestaciones sanitarias pueden ser dispensadas con medios propios o ajenos concertados –atención primaria– y, preferentemente, a través del Sistema Nacional de Salud –atención especializada–. El presente artículo se centra en la problemática de la asunción del coste y, en particular, si es la Administración penitenciaria o bien la sanitaria la responsable de asumir los costes derivados de la asistencia hospitalaria dispensada por los servicios públicos de salud en aquellos casos en que los presos asistidos se encuentran afiliados a la Seguridad Social y no existe ningún convenio de colaboración entre la Administración penitenciaria y la sanitaria. Se incidirá igualmente en la determinación de la jurisdicción competente para resolver los conflictos al respecto, recorriéndose otros supuestos característicos de pugna entre la jurisdicción social y la contencioso-administrativa.
