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Guillermo Pérez
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron creados a principios de 2016 por el gobierno venezolano como un mecanismo para la distribución de alimentos subsidiados en el marco de una grave crisis económica. Conformados por miembros de organizaciones comunitarias y políticas relacionadas al gobierno, su actuación ha sido polémica desde el inicio, acusados de discriminación y de clientelismo. A pesar de esto, el gobierno los defiende como un instrumento necesario para garantizar los derechos de la población más vulnerable y por ser una herramienta política para ganar la “Guerra económica” a la que responsabiliza por la crisis.
A principios de este año los CLAP recibieron carácter constitucional por una polémica asamblea, sin que los efectos de la crisis hayan disminuido en la población, ni quede claro su aporte real en la protección de sus derechos. Por tanto, se hace indispensable revisar este programa social del gobierno venezolano para comprender su formulación y conocer su contribución a una gobernanza democrática y la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. El Enfoque Basado en Derechos Humanos nos otorga las herramientas para lograr este objetivo.
