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Eduardo Víctor Lapenta
Existe en nuestro país, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, una inédita crisis de legitimidad del sistema jurisdiccional, que tiene despliegues institucionales y funcionales.
El descrédito tiene dimensiones que, por momentos, supera al que sufren los protagonistas políticos a quiénes se atribuye la responsabilidad por la crisis general, de la cuál aquella parece derivar.
La sociedad piensa que el servicio de jurisdicción es lento, caro y complicado; que utiliza procedimientos de gestión anticuados, y que no tiene respuestas adecuadas para el incremento y creciente complejidad de los asuntos que debe juzgar.
Sin negar la posibilidad de que se produzcan sustanciales mejoras en la jurisdicción, cabe considerar que su funcionamiento conlleva una actividad compleja, lenta y delicada.
No se la debe equiparar con la prestación de servicios póblicos o privados.
Su legitimidad depende en gran medida del grado de audiencia que se le confiera a las partes, de la consideración de justicia que tenga, rechazando los criterios generales no aplicables al caso concreto, y de la aceptación social de las razones expresadas en la sentencia.
Es necesario encontrar los caminos que permitan mejorar el sistema de justicia sin desnaturalizarlo. Un camino posible consiste en reducir la actividad que se encomienda a los órganos jurisdiccionales, mediante el deslinde entre la propiamente jurisdiccional y aquellas que, aún en el ámbito del poder judicial, es materialmente administrativa.
