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Tamara Belén Rogers
En los distintos Juicios por la Verdad llevados a cabo en la Argentina se logró arribar a una verdad jurídica en razón de la memoria de los testigos de los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.
A partir de la recolección de pruebas y de la obtención de la verdad jurídica, se llegó a la justicia. Gracias a estos Juicios, junto a la presión política y social ejercida por organismos de DDHH locales (Asociaciones de Abuelas, Madres e Hijos de Plaza de Mayo, el CELS), resoluciones de la CIDH, la Justicia extranjera (entre los que sobresalen la de países como España), el nuevo Gobierno argentino que asumió en 2003 logró finalmente derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante aquel periodo, lo que sumado a la declaración de inconstitucionalidad de los indultos dictados por el Presidente Menem permitió que se reabrieran los procesos judiciales contra muchos de los responsables del terror sufrido durante la dictadura militar.
