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La Justicia española enfrentará en los siguientes meses su reto más importante en las últimas décadas: ofrecer cauce jurisdiccional a una crisis —económica y social— sin precedentes en la contemporaneidad. Ante la magnitud del desafío, se presta indispensable hacer un llamamiento a la comunidad jurídica y conjugar distintas opiniones, criterios certeros, saberes y pareces que, en último grado, den lugar a un diálogo honesto sobre cómo podemos convertir la Administración de Justicia en un verdadero servicio público con el más legítimo propósito: mantener el sistema de convivencia en un escenario incierto.
