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Las consecuencias económicas provocadas por la crisis sanitaria del COVID-19 son una realidad. Desde el mismo momento de la declaración del estado de alarma la sociedad tenía claro que no sólo nos enfrentábamos a un problema sanitario, sino que con él venía de la mano una serie de efectos económicos que todos estamos ya notando.
A consecuencia de referidos efectos, tanto las personas físicas como las personas jurídicas se exponen a que las consecuencias de esta crisis provoquen situaciones donde no puedan atender regularmente sus obligaciones exigibles y que les sitúen en la necesidad de solicitar la declaración judicial de su insolvencia.
