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El de la caducidad o perención del procedimiento administrativo es un tema sumamente sugerente y plagado de múltiples problemas e incógnitas. La sentencia analizada aborda una cuestión que no estaba aún suficientemente perfilada por el Tribunal Supremo —aunque contiene también consideraciones marginales que representan líneas jurisprudenciales firmemente asentadas—, y en esto radica precisamente su interés. Se trata de determinar la incidencia de la declaración de caducidad del procedimiento sobre una pretensión accesoria, en la que se reclama, como situación jurídica individualizada, la indemnización compensatoria de los daños y perjuicios ocasionados por la resolución recurrida.
