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La crisis sanitaria y su repercusión económica ha llevado al Gobierno a adoptar medidas de protección para los propietarios de viviendas que, pagando todavía sus créditos hipotecarios, se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, imponiendo a las entidades financieras moratorias que faciliten a sus prestatarios salir de dicha situación. Difícil resulta encontrar esta protección en los arrendatarios de viviendas que también se encuentran en situación de vulnerabilidad, justificando la situación en que puede quedar el mercado de arrendamientos propiciar, voluntariamente o por imposición legal, la novación contractual en recíproco interés de los sujetos del arrendamiento.
