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Las actuaciones inspectoras consisten en el desarrollo de una serie de funciones administrativas destinadas a la investigación de supuestos de hecho con la finalidad del descubrimiento y la obtención de información relacionada con la aplicación de los tributos. Una de las vías para el desarrollo de dichas actuaciones son las entradas domiciliarias de los obligados tributarios.
El domicilio particular, tanto de personas físicas como jurídicas, estas últimas de una manera más tasada y limitada en sus espacios, es un derecho protegido por la Constitución española al tener un carácter personalísimo.
A lo largo del presente trabajo se va a realizar un estudio de cómo se pueden articular ambos derechos encontrados, el de la Administración para cumplir con su finalidad de recaudar sobre los obligados tributarios y el límite de esa capacidad investigadora sobre espacios protegidos que tiene su salvaguarda en la concesión de una autorización judicial de entrada, que deberá estar siempre basada y motivada, no solo en indicios, sino sobre hechos reales y posibles riesgos efectivos de la comisión de ilícitos tributarios.
1. Introducción 2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio en la inspección de tributos y el deber de contribuir 2.1. La entrada en el domicilio particular y empresarial, su configuración como un derecho constitucional 2.2. El deber de contribuir 3. La normativa tributaria que ampara las actuaciones de la inspección en la entrada domicilia ria 4. La ejecutividad del acto administrativo en las entradas domiciliarias 5. Requisitos para la entrada domiciliaria por parte de la inspección de tributos 6. Conclusiones Referencias bibliográficas Bibliografía
