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La declaración del estado de alarma por emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ha creado una situación insólita que afecta a todos los establecimientos comerciales y, entre ellos, a las oficinas de farmacia, a las que se ha dispensado un tratamiento especial por estar sometidas a un régimen de intervención singularmente estricto, dada su consideración como establecimientos sanitarios privados de interés público. El autor analiza las medidas de las que podrán beneficiarse los farmacéuticos, como profesional autónomo y empleador, tras las decisiones excepcionales de carácter fiscal y laboral adoptadas por el Gobierno para mitigar la reducción de ingresos ocasionada por la presente emergencia sanitaria.
