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Iván Molina Jiménez
Este artículo analiza de manera sistemática cómo la autonomía puede ser utilizada por los políticos universitarios para tratar de encubrir situaciones de abuso de poder, posibilitadas por la ausencia de instancias jurídicas y contraloras independientes dentro de las universidades estatales latinoamericanas. Para cumplir con dicho objetivo, se considera con especial atención la denuncia presentada en contra del rector de la Universidad de Costa Rica por haber dado sustento presupuestario a los nombramientos de su hija, pese a que por ley estaba impedido para hacerlo. La controversial actuación del rector dio origen a una profunda crisis institucional en los años 2016-2017, que involucró a los estudiantes, a los sindicalistas, al personal académico y al sector administrativo y a instancias externas como el Organismo de Investigación Judicial, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de le Ética Pública. La conclusión principal, basada en el análisis de los microfundamentos de la política universitaria, es que las limitaciones de la gobernanza de las instituciones de educación superior, especialmente en lo relacionado con la justicia administrativa, crea incentivos institucionales para que los actores en conflicto recurran a entidades externas para resolver sus diferencias
