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La sentencia del TS de 22 marzo de 2020 que resuelve un recurso de casación sobre una tarjeta revolving, lejos de fijar una doctrina clara que evite la litigiosidad que generó la sentencia de 25 de noviembre de 2015, resolviendo la cuestión mediante los controles de incorporación y transparencia, propios de la contratación seriada, sobre los que podía entrar incluso de oficio, ha resuelto el recurso aplicando la Ley de Usura a un mercado financiero, cuando la norma está prevista para supuestos individuales, dejando de aplicar, además, el elemento subjetivo, que es el elemento esencial de la Ley de Usura, siendo diversos los efectos que la sentencia de 4 de marzo de 2020 producirá, con el riesgo “notablemente alto” de haber provocado una llamada a la litigación masiva, que no tardaremos mucho en comprobar si los peores augurios se cumplen.
