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José Eduardo Illueca Ballester
Con la intención de mejorar la legitimidad democrática de la Unión, la iniciativa ciudadana europea está incorporada al ordenamiento comunitario, como un nuevo derecho de ciudadanía, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Superada la inicial expectación, el uso y la relevancia de esta herramienta participativa transnacional han disminuido rápidamente, lo que puede relacionarse con algunas insuficiencias en su regulación jurídica, tanto en la norma de derecho originario que la reconoce (art 14.1 TUE) como en el Reglamento 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana. La Comisión Europea ha reaccionado ante esta situación promoviendo la revisión y actualización de esta legislación, y ha adoptado en 2017 un proyecto de nuevo reglamento que contempla importantes novedades y cuya entrada en vigor está prevista en 2020. Sin embargo, este proyecto mantiene algunos de los rasgos criticados de la regulación vigente, por lo que la reforma parece insuficiente. Por otra parte, una apuesta ciertamente decidida por la participación ciudadana como impulso del procedimiento de producción normativa en la UE requeriría, seguramente, de una concepción más abierta y audaz que solo sería posible en un escenario de modificación de los Tratados.
From the entry into force of the Treaty of Lisbon, the European citizens’ initiative is incorporated into the Community’s legal system as a new right of citizenship with the intention of improving the democratic legitimacy of the Union. Following the initial enthusiasm, the use and relevance of this transnational participatory tool have decreased rapidly. This fact may be related to some features of the legal regulation, both in the primary legislation (article 14.1 TEU) and in the secondary legislation (Regulation 211/2011 on the citizens’ initiative). The European Commission reacted to this by proposing to revise and update the existing legislation, and this institution adopted in 2017 a draft Regulation that includes important developments; its entry into force is scheduled in 2020. However, this draft maintains some of the criticized aspects of the current Regulation, reason why the reform seems insufficient. On the other hand, a certainly decided bet by the citizens’ participation in the law making process would require, surely, of a more open and audacious conception that would only be possible in a scene of modification of the Treaties.
