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Francisco Balaguer Callejón 
En la relación entre redes sociales y democracia es necesario considerar un mediador fundamental como son las empresas tecnológicas que gestionan las redes. Ese mediador ha estado oculto durante mucho tiempo, hasta el punto de que ha sido habitual pensar en las redes sociales como un instrumento de comunicación política sin mediadores (a diferencia de los medios de comunicación tradicionales) lo que, evidentemente no es cierto. Las redes sociales no son un fenómeno natural que haya aparecido en los procesos sociales y políticos de manera espontánea. Son el resultado de opciones empresariales que han configurado un modelo de negocio que está basado en atraer la atención del público para optimizar los rendimientos publicitarios mediante la utilización continua de las redes. Este modelo de negocio está provocando problemas importantes en los procesos de comunicación política porque fomenta la fragmentación del espacio público y su radicalización con la finalidad de incrementar el uso de las redes y obtener así más beneficios. A esa finalidad económica se une la política de generar inestabilidad para debilitar a las instituciones democráticas y dificultar así el control que deberían realizar esas instituciones sobre las propias compañías tecnológicas.
Son muchos los ámbitos en los que las redes sociales están generando disfunciones desde el punto de vista constitucional y democrático. Desde los derechos fundamentales a los procesos electorales, pasando por la configuración misma del orden constitucional, en un contexto en el que las condiciones del espacio y el tiempo se han transformado como consecuencia de la globalización y del desarrollo tecnológico. Nuevas pautas culturales y nuevos paradigmas se están generando y su incidencia sobre el constitucionalismo es muy amplia. Algunos de los cambios que han traído las redes sociales pueden ser estructurales y se mantendrán previsiblemente en el futuro. Otros, sin embargo, pueden considerarse directamente vinculados a los intereses de las compañías tecnológicas y deberían ser objeto de revisión para evitar que conduzcan a una involución democrática. La intervención de los poderes públicos, estatales y supranacionales, es cada vez más necesaria para controlar a estas compañías.
Las medidas que se pueden tomar son muy diversas. Desde reforzar la protección de los derechos fundamentales hasta promover la educación digital de la ciudadanía, pasando por actuaciones destinadas a evitar que las compañías tecnológicas consoliden posiciones de monopolio, así como medidas fiscales y sancionadoras, etc. De particular importancia es la regulación de los procesos electorales para evitar que se sigan produciendo interferencias a través de las noticias falsificadas y por medio de la propaganda subliminal particularizada. El horizonte se va moviendo, en todo caso, a medida que avanza el desarrollo tecnológico y que estas compañías diseñan nuevas estrategias. Por tanto, es necesario tener en cuenta que los riesgos no son solamente los que hoy conocemos sino que habrá que tener una actitud vigilante para evitar que se generen nuevos efectos disfuncionales en el futuro.
In the relationship between social networks and democracy it is necessary to consider a fundamental mediator such as the technological companies that manage the networks. That mediator has been hidden for a long time, to the point that it has been usual to think of social networks as an instrument of political communication without mediators (as opposed to traditional media), which is obviously not true. Social networks are not a natural phenomenon that has appeared in social and political processes spontaneously. They are the result of business options that have set up a business model based on attracting the public's attention to optimize advertising performance through the continuous use of networks. This business model is causing significant problems in the processes of political communication because it promotes the fragmentation of public sphere and its radicalization in order to increase the use of networks and thus obtain more benefits. To this economic purpose we must add the advantages for these companies of generating instability to weaken democratic institutions what hinder the control that these institutions should perform over the technology companies.
There are many areas in which social networks are generating dysfunctions from a constitutional and democratic point of view. From fundamental rights to electoral processes, through the configuration of the constitutional order, in a context in which the conditions of space and time have been transformed as a result of globalization and technological development. New cultural patterns and new paradigms are being generated and their impact on constitutionalism is very broad. Some of the changes that social networks have brought can be structural and will be predictably maintained in the future. Others, however, can be considered directly linked to the interests of technology companies and should be subject to revision to prevent a democratic involution. The intervention of public, state and supranational authorities is more and more necessary to control these companies.
The measures that can be taken are very diverse. From strengthening the protection of fundamental rights to promoting the digital education of citizens, as well as actions aimed at preventing technology companies from consolidating monopoly positions or fiscal and sanctioning measures, etc. Particular importance has the regulation of electoral processes to avoid interferences through fake news and targeted subliminal propaganda. The horizon is moving, in any case, as technological development advances and these companies design new strategies. Therefore, it is necessary to bear in mind that the risks are not only those we know today but that we must have a vigilant attitude to impede generating new dysfunctional effects in the future.
