Acceso usuarios
Adrián Raúl López Andrade
La Constitución ecuatoriana de 2008 elevó a las políticas públicas a garantías constitucionales de derechos, junto con las normativas y jurisdiccionales. El legislador constituyente pudo haber previsto parcialmente consecuencias de hacerlo; sin embargo, es en la práctica que se da su desenvolvimiento pleno. El entrecruzamiento de garantías jurisdiccionales con garantías de política pública se materializó en 2011, cuando dos organizaciones de la sociedad civil que agrupan personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) presentaron una petición de medidas cautelares, la cual fue resuelta por un juez de primera instancia en la provincia del Guayas, quien ordenó al Ministerio de Salud Pública que reformule una de sus políticas. Este mecanismo de judicialización trastoca fórmulas ortodoxas de entender la política pública y el involucramiento del poder judicial en su ciclo. Este caso sirve para desvirtuar objeciones al involucramiento del judicial en ámbitos considerados privativos del ejecutivo y el legislativo. Las repercusiones de ello trascienden el campo de los derechos sociales y pueden conducir de forma eventual al pronunciamiento de la justicia sobre otros ámbitos.
