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Diferentes relaciones de poder han perpetuado desigualdades que motivan el involucramiento de mujeres en el contrabando de combustible y gas licuado de petróleo (GLP) en las zonas de frontera con Perú y Colombia, en las provincias de El Oro y Carchi en Ecuador. Tales relaciones, apoyadas en sistemas de discriminación por condición de género, clase, raza y ubicación geográfica, fomentan un acceso desigual a educación, trabajo remunerado, servicios de salud y atención integral frente a la violencia doméstica, creando condiciones de inseguridad para las mujeres. Controles aduaneros, policiales y militares agudizan aún más la inseguridad de la población de frontera. Con el objeto de analizar la situación de inseguridad de las mujeres en las mencionadas provincias fronterizas, este artículo propone el concepto de seguridad humana desde una perspectiva feminista crítica. Además, basándose en los conceptos de interseccionalidad y matriz de dominación del feminismo negro y las críticas feministas a la seguridad nacional, el presente trabajo académico propone a las mujeres contrabandistas como referentes de seguridad y no como criminales, tal como el discurso de seguridad fronteriza las ha construido.
