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Candela de la Vega Ávila Tulián
Este artículo considera que los procesos de lucha ambiental han influido de forma positiva en la creación, actualización o transformación de la institucionalidad vigente, en pos de lo que se considera un mayor grado de protección del ambiente o de cumplimiento de derechos y garantías asociadas a él. De ahí que ha sido de indiscutido interés académico observar los puntos de inflexión institucional que generan los conflictos en materia de política ambiental. Con base en un estudio lrededor de los cambios en la legislación prohibitiva o permisiva de la actividad minera a gran escala en dos provincias argentinas, el presente artículo sostiene dos tesis: la primera, que las reformas o nuevas instituciones sobre el ambiente y su cuidado, muchas de ellas, impulsadas desde actores colectivos como las “asambleas ciudadanas”, se inscriben siempre dentro de una ya sedimentada plataforma de sentidos y significados hegemónicos que son, en gran parte, opuestos a aquellos que sustentan los reclamos de las asambleas en el momento en que defienden, por ejemplo, el derecho al acceso o el disfrute de un ambiente sano. El segundo argumento sostiene que la materialización de esos nuevos sentidos en prácticas, orientaciones o direcciones específicas de ley o política pública ambiental, se decide como resultado de un siempre móvil campo de relaciones de fuerza, del que forman parte las asambleas, pero también otros actores políticos. En otras palabras, el tipo de traducción que las acciones, medidas o políticas públicas hace de un conjunto de sentidos sobre el ambiente nunca es lineal, ni automático, ni permanente.
