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El Estado de derecho mexicano requiere establecer un con¬cepto jurídico legal que describa de forma sustancial las “economías colaborativas” con la finalidad de incentivar las verdaderas economías colaborativas basadas en el bien común, las cuales ayudan a la solución de conflictos sociales. Esto permitiría clasificar, sistematizar y regular las actividades de empresas online que no contienen elementos de la “economía colaborativa” de forma tal que respondan de sus prácticas operativas. Para demostrar dicha hipótesis, el presente trabajo primeramente do¬tó un marco teórico que ayudara a identificar los elementos que constitu¬yen una economía colaborativa de los que no; como segundo paso, optó por desarrollar una metodología que permitiera arrojar la clasificación de las plataformas a partir de la actividad que desarrollan; lo que permitió el tercer paso, elaborar una propuesta de regulación en México, y, finalmente, se justificó la importancia de dichas reformas desde la dimensión social y económica actual en el país.
