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María Ascensión Morales Ramírez
Las nuevas formas de trabajo, el cambio tecnológico, las condiciones demográficas y epidemiológicas, la pobreza y la desigualdad, plantean desafíos y exigen a la seguridad social, seguir el ritmo del cambio, diversificarse y adaptarse en beneficio de toda la población. En este contexto, han aparecido soluciones internacionales que se centran en nuevas formas para complementar o fortalecer los sistemas de seguridad social para reaccionar a las actuales y futuras transformaciones del empleo, y consideran a la tecnología como un producto social a ser controlado mediante la agenda social, para lograr una transición justa, sustentada en la solidaridad, en los principios de justicia social, en la inclusión social y en el bienestar humano. Así, el piso de protección social, al considerar un paquete de prestaciones mínimas a todas las personas, deja en claro el papel que le compete al gobierno y al sector privado en la provisión, financiamiento y regulación del sistema. Por su parte, el ingreso básico universal aparece como respuesta a la incertidumbre sobre la cantidad de empleos disponibles en una economía cada vez más digital, y con la idea de democratizar la riqueza, fomentar la inclusión social y la autonomía de las personas con menos recursos. Ambas soluciones, bajo un enfoque con dimensión social, pretenden armonizar el proceso de adaptación en un mundo cambiante, enfrentar la mercantilización del trabajo, la protección de quienes no forman parte de una relación de trabajo, y cubrir las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas.
New forms of work, technological changes, demographic and epidemiological conditions, poverty and inequality pose challenges and require that social security keep pace with the changes, diversifying and adapting to benefit the entire population.
In this context, international solutions that focus on new forms of supplementing or strengthening social security systems have emerged as a reaction to current and future employment transformations. These consider technology as a social product to be controlled through the social agenda to achieve a fair transition based on solidarity and principles of social justice, social inclusion and human well-being.
Thus, in considering a package of minimum benefits for all persons, the social protection floor clearly sets out the role of government and the private sector in the provision, funding and regulation of the system.
Meanwhile, the Universal Basic Income responds to the uncertainty over the number of available jobs in an increasingly digital economy with the goal of democratizing wealth, promoting social inclusion and empowering people with fewer resources.
Under a social dimension approach, both solutions aim to reconcile the process of adaptation in a changing world, address the commodification of work and the protection of those who are not part of a work relationship, and encompass the different stages of people’s life cycle.
