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Desde 2015, coincidiendo con la llegada de los nuevos ayuntamientos, se produjeron una serie de acontecimientos que supusieron cambios importantes para sus políticas de vivienda: los desahucios hipotecarios que dejaban todos los días familias en la calle, el crecimiento de la pobreza urbana con un incremento de la demanda de alojamientos públicos o el incremento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, junto a las restricciones económicas que suponían la aplicación de una “regla de gasto” que cercenaba la autonomía municipal de forma desmesurada. En ese marco, hasta final de 2018, se produjo un debate sobre la responsabilidad de los ayuntamientos en la resolución del Derecho a la vivienda que aquí hemos intentado sintetizar en 10 líneas de acción prioritarias.
