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El presente artículo trata sobre la política de criminalización implementada en contra de las comunidades mapuche que se han movilizado estas últimas décadas por reivindicaciones políticas y territoriales. Se sustenta sobre diversos casos de estudio, además de la misma experiencia de los autores en materia de defensa penal y de litigación estratégica en contexto de reivindicación mapuche. Un primer apartado explica cómo la criminalización se ha vuelto una verdadera política pública, antes de analizar dos casos claves: el caso Huracán y el asesinato de Camilo Catrillanca, que muestran cómo las mismas comunidades, con el apoyo de abogados públicos e independientes, han usado el derecho en contra del mismo Estado chileno. Por último, se presentan los efectos de esta criminalización, en particular, sobre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de comunidades mapuche en resistencia. Los distintos casos analizados dan cuenta de una política sistémica y generalizada de criminalización hacia el movimiento mapuche, lo que permite concluir que crímenes y montajes forman parte de las políticas actuales del Estado chileno para responder no solo a legítimas reivindicaciones en torno a derechos indígenas reconocidos internacionalmente, sino que también, a demandas relacionadas por una democratización del país y su sistema judicial.
