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Manuel Fernández-Lomana García
Los distintos supuestos de hecho que describe el art. 271 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
por una parte, aquellos en los que se suspende la prestación por desempleo, de forma que cesada la causa de suspensión y siempre que se cumplan los requisitos legales la prestación se reanuda; y, por otra, el supuesto de sanción con pérdida de la prestación. Este último supuesto, aunque se encuentre regulado en el indicado artículo 271, realmente, no es un caso de suspensión, sino de pérdida de la prestación. En efecto, en estos casos, se pierde definitivamente la prestación como consecuencia de la sanción y la reanudación solo se produce en el caso de que la prestación reconocida tenga una extensión temporal superior a la perdida. Lo típico de la suspensión es la interrupción de la prestación -el cobro de la prestación concurriendo causa de suspensión constituye un cobro indebido-, para reanudar su cobro una vez que cesa la causa de suspensión. Lo típico de la sanción es la pérdida de la prestación y la reanudación solo respecto de la prestación restante.
El presente trabajo se centra, exclusivamente en los supuestos de suspensión en sentido estricto. Se analizan las causas de suspensión desde una perspectiva esencialmente jurisprudencial.
El legislador regula distintos supuestos de suspensión, todos ellos tienen la nota común de que mientras concurre la causa, la prestación se suspende, cesando el derecho a su percepción. Cesada la causa se reanuda el derecho al abono de la prestación. Pero, más allá de esta nota común, lo cierto es que los supuestos típicos de suspensión obedecen a distintas razones y todos ellos plantean problemas específicos y diversos.
Así, en el caso de concurrencia de la prestación por desempleo con la prestación de maternidad y paternidad, la idea que preside la legislación es la incompatibilidad en el percibo de las dos prestaciones, pero al ser más favorable para el trabajador esta última, se suspende aquélla –hay una presunción iuris et de iure de que aquellas prestaciones son más favorables.
En los casos de cumplimiento de una condena de privación de libertad, la idea que preside la regulación es que la prestación no hace falta, pues la Administración tiene la carga de mantener al preso con lo que el cobro de la prestación deviene innecesario; ahora bien, como el preso puede tener cargas familiares, de existir éstas, no se suspende el abono de la prestación. Destacándose que la jurisprudencia, en estos casos, no exime, salvo causas de fuerza mayor, al privado de libertad de comunicar a la entidad gestora la existencia de causa de suspensión.
En los casos de prestación de trabajo la incompatibilidad es clara y el problema es, únicamente, determinar cuándo se puede afirmar que se tiene un trabajo de duración suficiente para justificar la suspensión. Entendiendo la jurisprudencia que para que proceda la reanudación es preciso que el cese en el segundo trabajo no sea debido a la voluntad del trabajador, pues para que proceda la reanudación, en puridad debe estarse en situación legal de desempleo, la cual, por definición, implica que el trabajador, pese a querer trabajar, no puede hacerlo. El supuesto de suspensión durante los recursos contra sentencias tiene su razón de ser en que, en los supuestos regulados, el trabajador está percibiendo “salarios”, careciendo de sentido que continúe percibiendo la prestación. Es importante destacar que la jurisprudencia exige que se inste la ejecución provisional de la sentencia recurrida para que proceda la suspensión.
En los casos de traslado o estancia en el extranjero, la suspensión tiene su razón de ser en que el trabajador queda fuera del control necesario para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de desempleo, siendo preciso determinar cuando estamos ante un supuesto de suspensión y cuando ante un supuesto de extinción. Se trata de una cuestión que ha sido muy debatida en la jurisprudencia y objeto de reciente regulación. La tendencia que se aprecia en la actual jurisprudencia es la de entender que la falta de comunicación de la salida al extranjero implica la extinción de la prestación; la suspensión exige la comunicación de la salida.
En los casos de percepción de subsidio por desempleo la percepción de rentas o el cese de las responsabilidades familiares que justificaban el abono del subsidio, lógicamente, implican el cese en su abono y el problema se encuentra en determinar cuándo procede la suspensión -la situación de necesidad se reanudará en un plazo breve- y cuando la extinción. Indicando la jurisprudencia que, en estos casos, lo esencial es la reiteración en el tiempo de la superación de rentas.
Por último, en los casos de suspensión cautelar, el problema es diferente, se trata de suspender el abono de la prestación al concurrir una clara ausencia de fumus boni iuris.
La suspensión de la prestación ha planteado problemas cuando concurre con una sanción, lo que analizamos al analizar los efectos jurídicos de la suspensión. En efecto, la no comunicación de la causa de suspensión a la Entidad Gestora puede dar lugar la imposición de una sanción, lo que plantea el problema de la concurrencia de una causa de suspensión y una sanción. Ha existido sobre este punto una importante disputa jurisprudencia que, en nuestra opinión, actualmente está cerrada, al considerar el Tribunal Supremo que la sanción impuesta, que puede implicar la extinción de la prestación, es prevalente, como regla especial que es, sobre el régimen general de suspensión.
Por último, no basta el cese de la causa de suspensión para que proceda la reanudación en la percepción de la prestación sino que, además, es preciso que se solicite el abono dentro de los plazos y con las condiciones establecidas en la ley.
Perdiéndose la prestación en caso de retraso en la petición de reanudación. No obstante, en el trabajo se citan supuestos en los que, en atención a las circunstancias concurrentes, la jurisprudencia atempera la rigidez derivada de una interpretación literal del texto.
The different factual assumptions described in article 271 of Royal Legislative Decree 8/2015, which approves the Consolidated Text of the General Social Security Law (TRLGSS), can be classified into two large groups: on the one hand, those in which the unemployment benefit is suspended, so that once the cause of suspension has ceased and as long as the legal requirements are met, the benefit is resumed; and, on the other, in case of sanction with loss of the benefit.
Regarding this last assumption, although it is regulated in the aforementioned article 271, it is not really a case of suspension, but of loss of the benefit.
Indeed, in these cases, the benefit is definitively lost as a consequence of the sanction and the resumption only takes place in the event that the recognized benefit has a temporary extension greater than the lost one.
Usually, the suspension is due to suspension of the benefit and its payment is resumed once the cause of suspension ceases; if there is a cause of suspension and the benefit is paid, it represents an improper payment. Sanctions are usually related to the loss of the benefit and the resumption only applies to the remaining benefit.
The present paper focuses exclusively on the cases of suspension in the strict sense. The causes of suspension are analysed from a mere jurisprudential perspective.
The legislator regulates different assumptions of suspension; all of them share the idea that while there is a cause, the benefit is suspended, ceasing the right to its payment. Once the cause has ceased, the right to the payment of the benefit is resumed. But, beyond this common situation, the truth is that the typical scenarios of suspension are due to different reasons and all of them pose specific and diverse problems.
Thus, in the case of concurrence of the unemployment benefit with the maternity and paternity benefit, what prevails in terms of legislation is the incompatibility in the payment of both benefits, but being the latter more favourable for the worker, the former is suspended; there is an irrebuttable presumption that unemployment benefits are more favourable.
In cases of compliance with a judgement of deprivation of freedom, the prevailing idea on regulation is that the benefit is not necessary, since the Administration has the burden of keeping the prisoner, so the payment of the benefit becomes unnecessary. However, as the prisoner may have family responsibilities, if this is the case, the payment of the benefit is not suspended. It should be noted that, in these cases, jurisprudence does not exempt the prisoner from informing the managing entity about any causes of suspension, except for reasons of force majeure.
When there are labour activities, the incompatibility is clear and the problem is only to determine when it can be stated that the job has the sufficient duration to justify the suspension. According to jurisprudence, resumption can proceed if cessation in the second job is not due to the will of the worker, because to do so and strictly speaking, he must be legally unemployed, which, by definition, implies that the worker cannot work although he wants to.
The case of suspension during the appeals against judgements has a reason to exist because, in regulated cases, the worker is receiving a “salary” and it makes no sense that he continues receiving the benefit. It is important to highlight that the case law urges the provisional execution of the appealed judgement in order to proceed with the suspension.
In cases of transfer or stay abroad, there is a reason for the suspension because workers are out of the necessary control to guarantee compliance with their obligations in the matter of unemployment, being necessary to determine when we are facing a case of suspension or a case of extinction. This is a question that has been much debated in the jurisprudence and the object of recent regulation.
The current jurisprudence tends to understand that the lack of communication when moving abroad implies the extinction of the benefit; the suspension requires the communication of this moving abroad.
In the cases of receiving unemployment benefits, the payment of income or the cessation of family responsibilities that justified the payment of the benefit, the payment is logically terminated and the problem is to determine when the suspension or the extinction are due; in case of the former, it is understood that the situation of need will be resumed in a short time. The jurisprudence indicates that, in these cases, the essential thing is the reiteration in time of exceeding the income.
Finally, in cases of precautionary suspension, the problem is different; it is about suspending the payment of the benefit when there is a clear absence of fumus boni iuris.
The suspension of the benefit has raised some problems when it comes with a penalty, which we analyse when studying the legal effects of suspension.
Indeed, the failure to inform the Managing Body about the cause of suspension may result in a penalty, which raises the problem of the concurrence of a cause for suspension and a penalty. In relation to this point, there has been an important jurisprudential discussion that, in our opinion, is currently closed, as the Supreme Court considers that the sanction imposed, which may imply the extinction of the benefit, prevails over the general regime of suspension, as the special rule it is.
Finally, the cessation of the cause of suspension is not enough for the resumption of the benefit to proceed, but, in addition, payment must be requested within the time limits and with the conditions established by the law. The benefit is lost when the request for the resumption is delayed. Nonetheless, this paper mentions some cases in which, in response to the concurrent circumstances, jurisprudence tempers the rigidity derived from a literal interpretation of the text.
