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Iván Antonio Rodríguez Cardo
Las reglas de compatibilidad entre las distintas prestaciones de Seguridad Social y el desempeño de un trabajo dan lugar a litigios frecuentes, porque la ley no siempre delimita con precisión el concepto de «trabajo incompatible». Cada prestación de Seguridad Social cuenta con sus propias reglas de incompatibilidad, distintas entre sí. En el caso de la prestación por desempleo la incompatibilidad es muy rígida, y solo se admite como excepción general el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, con reducción proporcional del importe de la prestación.
El presente estudio analiza exhaustivamente las reglas legales y la jurisprudencia en este campo, comenzando por delimitar nítidamente los contornos de las actividades incompatibles. En este sentido, se advierte inicialmente que “trabajo compatible” no es un concepto que pueda ser confundido con “colocación adecuada”, pues ambos actúan desde premisas distintas y con condicionantes también diferentes. El trabajo compatible es una actividad de la que puede derivar un desincentivo a la búsqueda de otro empleo, y por tanto tiene un contenido más amplio que el de colocación adecuada, limitado por definición al trabajo asalariado. El “trabajo compatible”, sin duda, puede ser un trabajo asalariado, pero también una actividad por cuenta propia, e incluso una de las actividades “asimiladas”, siempre que conlleven una contraprestación y den lugar al alta en alguno de los regímenes del sistema de Seguridad Social.
Debe tenerse en cuenta asimismo que algunas actividades no son per se incompatibles con la prestación por desempleo, precisamente por carecer de compensación económica y/o no propiciar la incorporación al sistema. Sin embargo, esas actividades pueden provocar un efecto análogo al de la incompatibilidad cuando su realización derive en un incumplimiento del llamado compromiso de actividad, esto es, cuando interfieran en el normal cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, y cuando, en definitiva, retrasen o impidan la búsqueda de empleo y no permitan apreciar una voluntad de rápido retorno a la vida activa.
En este contexto, el legislador ha contemplado expresamente la compatibilidad con la prestación por desempleo de un trabajo asalariado a tiempo parcial, aunque no es una compatibilidad plena o perfecta, sino que repercute en el importe de la prestación minorando proporcionalmente la cuantía. Además, debe tenerse presente que las elevadas tasas de desempleo han hecho asimismo aconsejable relajar las reglas de incompatibilidad articulando fórmulas que permiten a un beneficiario continuar percibiendo la prestación mientras realiza un trabajo asalariado. Evidentemente, el legislador establece unos condicionantes y requisitos para poder acogerse a estas modalidades, que, en muchos casos, adoptan una fisonomía muy particular que supone, en primer lugar, que el beneficiario percibirá íntegramente el importe de la prestación por desempleo y, en segundo lugar, que el empleador no abonará el salario íntegro, sino la diferencia entre la cuantía de la prestación y el salario que correspondería abonar, aunque desde luego la cuota a ingresar derivada de las obligaciones de cotización se calculará atendiendo a la suma de las dos importes, al salario que teóricamente debería abonar el empleador si debiera hacer frente al mismo en su totalidad, de modo que el empleador disfruta de una reducción del importe del salario que debe abonar al beneficiario-trabajador, pero no de una minoración de la cuota a ingresar por cotización, que habrá de ser asumida por el empleador en su integridad.
Por otra parte, el ordenamiento contempla asimismo otras fórmulas, más o menos sistemáticas, de compatibilizar la prestación por desempleo con un trabajo.
Destacan, sin duda, el contrato de apoyo a los emprendedores y la eventual capitalización de la prestación por desempleo, esto es, su percepción en un único pago. Ambas situaciones pueden dar lugar a la percepción simultánea de la prestación por desempleo y de una retribución o compensación económica por la realización de un trabajo.
La declaración de incompatibilidad entre la prestación por desempleo y el desempeño de un trabajo compatible derivará en la suspensión o en la extinción de la prestación. La diferencia entre la suspensión y la extinción viene dada por dos elementos: el tipo de actividad incompatible, por un lado, y la duración en el tiempo de la incompatibilidad, por otro. En el supuesto de duración menor o poco prolongada el sistema apuesta por la suspensión de la prestación, de modo que a su finalización se reanudará la prestación por desempleo en el mismo punto en el que se interrumpió. En cambio, cuando la actividad se extiende en el tiempo más allá de unos determinados límites la regulación legal considera que la prestación debe extinguirse, aunque en supuestos donde la actividad incompatible es un trabajo asalariado se concede al beneficiario un derecho de opción entre reanudar la prestación suspendida y comenzar una diferente gracias a las nuevas cotizaciones acreditadas.
En este marco de la suspensión y extinción no solo debe abordarse la regulación propia de la prestación por desempleo, sino también la de la prestación por cese de actividad, toda vez que el trabajo incompatible con la prestación por desempleo puede ser un trabajo por cuenta propia. Las eventuales cotizaciones al RETA y, en particular, a la protección por cese de actividad podrían dar lugar a esta prestación, cuyas reglas de compatibilidad e incompatibilidad deben articularse con las de la prestación por desempleo, pues podrían llegar a colisionar.
En fin, el trabajo incompatible puede ser desarrollado en condiciones de regularidad, esto es, comunicado a la Entidad Gestora y cumpliendo todos los requisitos legales, o bien ignorando esas exigencias de la ley y percibiendo íntegramente la prestación por desempleo, sin reducción o paralización temporal o definitiva. En estos casos el ordenamiento contempla las pertinentes infracciones, que dan lugar a sanciones no solo administrativas, sino también penales, aunque lógicamente estas deben reservarse para los supuestos más graves.
La complejidad de esta regulación, y la abundante casuística, aconsejan un análisis en profundidad, que concluye con una propuesta de modificación legal en el sentido de dar más prioridad a los ingresos que derivan de la actividad y no tanto a la naturaleza de la actividad en sí. No en vano, a efectos de incompatibilidad el rendimiento económico que se obtiene de la actividad es más relevante que el tipo de actividad que se desarrolla.
The rules of compatibility between different Social Security benefits and the performance of a job give rise to frequent litigation, because the law does not always accurately define the concept of “incompatible work”. Each Social Security benefit has its own incompatibility rules, different from each other. In the case of unemployment benefit, incompatibility is very rigid, and only part-time work for paid employees is admitted as a general exception, with a proportional reduction in the amount of the benefit.
The present study comprehensively analyses the legal rules and jurisprudence in this field, beginning by clearly defining the limits of incompatible activities.
In this sense, it is initially noticed that “compatible work” is not a concept that can be mistaken for “suitable post”, since both act from different premises and with different conditioning factors. Compatible work is an activity which can lead to a disincentive to the search for another job, and therefore, it has a wider content than that of “suitable post”, limited by definition to paid work. Undoubtedly, “compatible work” can mean a paid job, but also a self-employment job, and even one of the “assimilated” activities, as long as they entail remuneration and are registered with one of the Social Security regimes.
It should also be borne in mind that some activities are not incompatible per se with unemployment benefits, precisely because they lack financial compensation and / or do not encourage the registration into the system. However, these activities may have a similar effect to that of incompatibility when they result in a breach of the so-called commitment of activity, that is, when they interfere in the normal fulfilment of the obligations of the beneficiary, and when, ultimately, delay or prevent the search for employment and do not allow to verify his willingness to quickly return to his labour activities.
In this context, the legislator has expressly considered the compatibility with the unemployment benefit of a part-time paid job, although it is not a full or perfect compatibility, but it has an impact on the amount of the benefit by proportionally reducing the amount. In addition, it must be borne in mind that the high unemployment rates have also made it advisable to relax the incompatibility rules by drawing up formulas that allow the beneficiary to continue receiving the benefit while performing a paid job. Obviously, the legislator establishes some conditions and requirements for the beneficiary to be able to benefit from these categories, which, in many cases, adopt peculiar aspects that mean, in the first place, that the beneficiary will receive the full amount of the unemployment benefit and, in the second place, that the employer will not pay the full salary, but the difference between the amount of the benefit and the salary that should be paid, although, of course, the fee to be paid derived from the contribution obligations will be calculated according to the sum of the two amounts, to the salary that should theoretically be paid by the employer if it should face the same in its entirety, so that the employer benefits from a reduction of the amount of salary that must be paid to the beneficiary-worker, but not from a reduction of the fee to be paid per contribution, which must be assumed entirely by the employer.
On the other hand, the law also considers other formulas, more or less systematic, to make the unemployment benefit compatible with a job. Undoubtedly, we highlight the contract of support for entrepreneurs and the possible capitalization of the unemployment benefit, that is, receiving it as a single payment. Both situations can lead to the simultaneous payment of the unemployment benefit and the salary or economic compensation in relation to the execution of a job.
The declaration of incompatibility between the unemployment benefit and a compatible job will lead to the suspension or termination of the benefit. The difference between the suspension and the termination is given by two elements: the incompatible type of activity, on the one hand, and the duration of the incompatibility, on the other. In the case of shorter or not very long periods of time, the system prefers the suspension of the benefit, so that upon termination, the unemployment benefit will resume at the same point where it was interrupted. Nevertheless, when the activity lasts beyond certain limits, the legal regulation considers that the benefit must be extinguished, although in cases where the incompatible activity is a paid job, the beneficiary is granted the right of choice between resuming the benefit suspended and starting a different one thanks to the new credited contribution.
In this framework of suspension and extinction not only the own regulation of the unemployment benefit must be approached, but also the one of the benefits by cessation of activity, whenever the job incompatible with the unemployment benefit could be a self-employment job. The possible contributions to the Special Regime for Self-Employed Workers (RETA) and, in particular, to the protection for cessation of activity could lead to this benefit, whose compatibility and incompatibility rules should be drawn up with those of the unemployment benefit, as they could collide.
Anyway, incompatible jobs can be developed under conditions of regularity, that is, having informed the Managing Body and fulfilled all the legal requirements, or ignoring those requirements of the law and receiving the unemployment benefit in full, without reduction or temporary or definitive interruption.
In these cases, the law takes the appropriate infractions into account, which give rise to penalties that are not only administrative, but also criminal, although these must obviously be reserved for the most serious cases.
The complexity of this regulation and the abundant casuistry suggest an in-depth analysis, which concludes with a proposal of legal modification in the sense of giving more priority to the income that derives from the activity and not so much to the nature of the activity in itself. In fact, for purposes of incompatibility, the economic return obtained from the activity is more relevant than the type of activity that is carried out.
