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Emiliano García Coso 
Uno de los elementos más importantes de la movilidad laboral dentro de la Unión Europea fue la aprobación de la Directiva 2004/38 hace 15 años. Las expectativas creadas con la armonización que abría paso esta Directiva se han ido transformando en frustraciones para los ciudadanos de la UE/EEE y sus familias que han visto cercenadas sus deseos de circular, residir y trabajar en otro Estado miembro sin los obstáculos legales y administrativos que todavía eran palpables en los Estados.
La concepción de la Directiva 2004/38 como la llave para un crear un mercado único europeo desde la perspectiva de la movilidad laboral, personal y familiar, que auspició la Comisión Europea se transformó rápidamente en la constatación de las reticencias de numerosos Estados miembros a facilitar esta movilidad. Unas ocasiones, espoleados por la protección de los mercados nacionales frente a la movilidad de mano de obra mejor cualificada, otras por razones de seguridad, salud y orden público, pero en todos los casos, mostrando reparos, directos o indirectos, a una implementación correcta de las disposiciones previstas en la Directiva.
El presente artículo analiza en perspectiva las dificultades que ha generado en España la correcta implementación de la Directiva 2004/38. El proceso inacabado aún a 2019 ha supuesto acometer 6 modificaciones de la norma que formalmente implementaba la Directiva 2004/38 en España que no es otra que el Real Decreto 240/2007. Una de estas modificaciones se vio forzada por la importante sentencia del Tribunal Supremo de 2010 pero otras reformas han sido fruto de la crisis económica de 2008 y sus consecuencias prolongadas en el tiempo. El conjunto de reformas son objeto de comentario en las páginas que ilustran la presente contribución poniendo de manifiesto que la tarea está inacabada aún en lo sustantivo (garantizar al máximo la movilidad) aunque formalmente se pueda decir que se ha implementado los mínimos de la Directiva.
El análisis del impacto de la Directiva y su norma nacional de transposición a través del Real Decreto 240/2007 se completa con un análisis legal y, sobre todo sentencia dictadas por los tribunales españoles en los últimos años sobre las medidas de expulsión que habilita, bajo motivos muy tasados, la Directiva 2004/38.
El resultado de la jurisprudencia española no es uniforme y, en ocasiones, como se evidencia es contradictoria. Circunstancia que requiere una solución para evitar posibles incumplimientos del gobierno español con el resultado perseguido por la Directiva. Es significativo que a la hora de contrastar la jurisprudencia española con la jurisprudencia emitida por el TJUE se evidencien lecturas e interpretaciones divergentes.
En suma, la presente reflexión apuesta por una revisión en profundidad del actual marco normativo que permita reiniciar una línea jurisprudencial más uniforme con el objetivo de garantizar la mayor movilidad posible de ciudadanos de la UE/EEE y sus familias como factor de crecimiento y enriquecimiento.
One of the most important elements of labor mobility within the European Union was the approval of Directive 2004/38 15 years ago. Expectations created by the harmonization that led to this Directive have been transformed into frustrations for EU / EEA citizens and their families who have seen their desires to move, reside and work in another Member State without legal and administrative obstacles. that were still palpable in the States.
The conception of Directive 2004/38 as the key to creating a single European market from the perspective of labor, personal and family mobility, which was sponsored by the European Commission quickly became the confirmation of the reluctance of many Member States to provide this mobility. Some times spurred by the protection of national markets against the mobility of better qualified labor, others for reasons of safety, health and public order, but in all cases, showing reparations, direct or indirect, to a correct implementation of the provisions of the Directive.
This article analyzes in perspective the difficulties that the correct implementation of Directive 2004/38 has generated in Spain. The unfinished process still to 2019 has supposed to undertake 6 modifications of the norm that formally implemented the Directive 2004/38 in Spain that is not other than the Royal Decree 240/2007.
One of these modifications was forced by the Supreme Court’s important ruling of 2010 but other reforms have been the result of the economic crisis of 2008 and its prolonged consequences over time. The set of reforms are subject to comment in the pages that illustrate this contribution by showing that the task is still unfinished in the substantive (ensure maximum mobility) although formally it can be said that the minimums of the Directive have been implemented.
The analysis of the impact of the Directive and its national transposition rule through Royal Decree 240/2007 is completed with a legal analysis and, above all, a jurisprudence issued by the Spanish courts in recent years on the expulsion measures it authorizes, under very strict reasons, Directive 2004/38.
The result of Spanish jurisprudence is not uniform and, sometimes, as it is evidenced is contradictory. Circumstance that requires a solution to avoid possible breaches of the Spanish government with the result pursued by the Directive.
It is significant that when contrasting Spanish jurisprudence with the jurisprudence issued by the CJEU, divergent readings and interpretations are evident.
In sum, this reflection is committed to an in-depth review of the current regulatory framework that allows us to reinitiate a more uniform jurisprudential line with the aim of guaranteeing the greatest possible mobility of EU/EEA citizens and their families as a factor of growth and enrichment.
