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Laura Molins Roger
La coexistencia en Europa de distintos sistemas nacionales de seguridad social, autónomos, independientes y divergentes, en un contexto socio económico caracterizado por la movilidad de personas que, cada vez con mayor frecuencia, cruzan las fronteras para buscar trabajo, estudiar o simplemente de vacaciones, ha supuesto que la aplicación de los Reglamentos Comunitarios establecidos para la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social cobre cada vez más relevancia.
Una de las prestaciones incluidas en el campo de aplicación material de dichos Reglamentos es la asistencia sanitaria y la principal peculiaridad de su coordinación es que la prestación en sí no se exporta, sino que lo que se exporta es el derecho a acceder al sistema sanitario de otro Estado. Y estas normas se aplican no sólo a trabajadores, sino a todas las personas a las que la legislación nacional aplicable reconoce el derecho a asistencia sanitaria, es decir, a los asegurados.
La asistencia sanitaria transfronteriza es la asistencia servida en un Estado miembro (Estado de tratamiento) a una persona que no tiene derecho a asistencia sanitaria en virtud de la legislación de ese Estado, sino que lo tiene reconocido en virtud de la legislación de otro Estado (el competente). Este último Estado va a asumir el coste de la asistencia servida a su asegurado en el Estado de tratamiento y, para ello, el Reglamento 987/09 establece un sistema de reembolsos entre instituciones.
La cobertura sanitaria trasfronteriza engloba tres situaciones: estancia temporal, tratamiento programado y residencia en un Estado miembro distinto del competente.
En las tres encontramos aspectos comunes: las prestaciones sanitarias concretas recibidas, las condiciones en las que son servidas, los procedimientos seguidos y las tarifas aplicables son los previstos en la legislación del Estado de tratamiento.
Sin embargo, la cobertura prevista es más amplia en caso de residencia, ya que se incluyen prestaciones de naturaleza preventiva que no encajan en el concepto de asistencia sanitaria necesaria que rige la asistencia en estancia temporal.
Además, el sistema de facturación de la asistencia servida puede variar en función de si se ha servido en estancia temporal (gasto real) o a residentes en otro Estado (gasto real o cuota global según el colectivo y el Estado de residencia).
En todo caso, el punto de partida para cubrir la sanitaria recibida en el territorio de otro Estado es que la persona en cuestión esté sujeta la legislación de que se trate.
Para determinar la legislación aplicable podemos hablar de cuatro colectivos:
trabajadores (sujetos a la legislación del Estado en el que cotizan o del reciben una prestación), pensionistas (sujetos a la legislación del Estado que les abona la pensión), miembros de la familia (asegurados conforme a la legislación del Estado competente de la persona de las que deriva su derecho a asistencia sanitaria), e inactivos (sujetos a la legislación del Estado en el que residen).
Los demandantes de empleo, como categoría específica de aseguramiento, no existen y sus derechos de asistencia sanitaria transfronteriza van a depender de aquél de los cuatro colectivos mencionados en el que se incluyan.
El segundo paso es determinar si el asegurado tiene y mantiene su derecho a asistencia sanitaria en la situación transfronteriza, ya que si ese derecho desaparece, la cobertura trasfronteriza también lo hará. No basta con que la persona tenga o haya tenido cobertura en un momento dado, sino que ese derecho debe mantenerse en el tiempo, al menos durante todo el periodo en que se encuentre en el otro Estado, para que el Estado competente siga proporcionando la cobertura sanitaria, es decir, asumiendo el coste de la asistencia que le sea servida.
Los asegurados en general, y los trabajadores y demandantes de empleo en particular, pueden tener cobertura sanitaria cuando se desplacen o trasladen su residencia al territorio de otro Estado, bien a cargo del Estado desde el que se desplazan, bien a cargo del Estado al que se desplazan; o carecer de cobertura, dependiendo de la legislación que les resulte aplicable.
Así, hay que asumir que no siempre va a existir cobertura a cargo de un determinado Estado y, en este sentido, debe recordarse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que el artículo 21.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE no puede garantizar a un asegurado que su desplazamiento a otro Estado miembro sea neutro en lo que respecta a la asistencia sanitaria, y que, dadas las disparidades existentes entre los Estados miembros, tal desplazamiento puede ser más o menos ventajoso según el caso.
Paralelamente a los Reglamentos, nos encontramos con otra norma comunitaria que regula la asistencia sanitaria transfronteriza: la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.
Esta norma prevé igualmente la asunción de costes de la asistencia servida a los afiliados de un Estado en el territorio de otro Estado. Si bien confiere una cobertura a priori mayor, pues se incluye la asistencia servida en centros privados, no prevé la cobertura en caso de traslado de la residencia, y establece un sistema de reembolso, en el que el paciente debe adelantar el coste del tratamiento y posteriormente solicitar su reintegro a la institución competente.
Además, parte igualmente de la base de que el interesado tiene y mantiene su derecho a asistencia sanitaria durante su desplazamiento, por lo que tampoco soluciona los casos de laguna de cobertura identificados en la aplicación de los Reglamentos.
Por todo ello, podemos concluir que las normas de coordinación de la asistencia sanitaria trasfronteriza consagradas en los Reglamentos Comunitarios de Seguridad social, aunque complejas, imperfectas y mejorables, son la mejor de las soluciones inventadas hasta la fecha.
The coexistence of different national systems of social security in Europe, autonomous, independent and divergent, in a socio-economic context characterized by the mobility of people who, more and more frequently, cross borders to look for work, study or simply on holidays, has meant that the implementation of Community Regulations established for the coordination of national social security systems is becoming more and more important.
One of the benefits included when implementing these Regulations is healthcare and the main peculiarity of its coordination is that the benefit itself is not exported, but what is exported is the right to access the healthcare system of another State. And these rules not only apply to workers, but to all persons to whom the applicable national legislation recognizes the right to healthcare, that is, to beneficiaries.
Cross-border healthcare is a kind of service provided in a Member State (State of treatment) to a person who is not entitled to healthcare under the legislation of that State, but who has it recognized under the legislation of another State (the competent one). This last State will assume the cost of the assistance provided to its beneficiary in the State of treatment and, for this, Regulation 987/09 establishes a system of reimbursements between institutions.
Cross-border healthcare coverage includes three situations: temporary stay, scheduled treatment and residence in a Member State other than the competent one.
In all three we find common aspects: the specific healthcare services received, the conditions in which they are provided, the procedures followed and the applicable fees are those provided for in the legislation of the State of treatment.
However, the planned coverage is broader in the case of residency, since it includes preventive benefits that do not fit in with the concept of necessary healthcare that governs assistance in temporary stays. In addition, the billing system of the service provided may vary depending on whether it has been provided in a temporary stay (real expense) or to a resident of another State (actual or global fee according to the group and the State of residence).
In any case, the starting point to cover the healthcare received in the territory of another State is that the referred person is subject to the concerned legislation.
To determine the applicable legislation we can speak of four groups: workers (subject to the legislation of the State in which they contribute or receive a benefit), pensioners (subject to the legislation of the State that pays them the pension), members of the family (beneficiaries in accordance with the legislation of the competent State of the person from whom their right to healthcare derives), and inactive (subject to the legislation of the State in which they reside).
Job seekers, as a specific category of insurance, do not exist and their rights of cross-border healthcare will depend on one of the four groups mentioned in which they are included.
The second step is to determine if the beneficiary has and maintains his right to healthcare in the cross-border situation, since if that right disappears, cross-border coverage will do so. It is not enough that the person has o has had coverage at any given time, but that right must be maintained over time, at least during the entire period in which he / she is in the other State, so that the competent State can continue to provide healthcare, that is, assuming the cost of the assistance that is provided.
Beneficiaries, in general, and workers and job seekers in particular, may have healthcare coverage when they are posted or move their residence to the territory of another State, either provided by the State from which they move, or by the State to which they are posted; or lack of coverage, depending on the legislation that is applicable to them.
Thus, it must be assumed that there will not always be coverage by a certain State and, in this regard, it must be taken into account that the Court of Justice of the European Union has mentioned that Article 21.1 of the Treaty on the Functioning of the EU cannot guarantee a beneficiary that his or her posting to another Member State is neutral with regard to healthcare, and that, given the disparities between Member States, such posting may have more or less advantages according to each case.
In parallel with Regulations, we find another EU rule regulating cross-border healthcare: Directive 2011/24/EU on the application of patients› rights in cross-border healthcare.
This rule also foresees assuming the cost of assistance provided to members of a State in the territory of another State. Although it offers a greater coverage in advance, since the assistance provided in private hospitals is included, it does not provide for coverage in case of transfer of residence, and establishes a reimbursement system, in which the patient must previously pay for the cost of the treatment and subsequently request their reimbursement to the competent institution. In addition, it also assumes that the interested worker has and maintains his/her right to healthcare during his/her posting, so it does not solve the cases of coverage gap identified in the implementation of the Regulations.
Therefore, we can conclude that the rules of coordination of cross-border healthcare included in the Community Social Security Regulations, although complex, imperfect and improvable, are the best solutions invented to date.
