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La figura del ciudadano de la Unión Europea que busca empleo en un Estado miembro distinto del que él es nacional (demandante de empleo de la Unión Europea) no está explícitamente contemplada por el Derecho de la Unión. Las fuentes de sus derechos son el artículo 45 TFUE, el Reglamento 492/2011, la Directiva 2004/38 y el Reglamento 883/2004. Su estatuto jurídico ha ido construyéndose en estratos superpuestos conforme a la evolución del Derecho de la Unión y el Tribunal de Justicia ha sido instrumental en la definición de dicho estatuto.
En primer lugar, el presente artículo examina los antecedentes del articulo 45 TFUE en lo relativo al acceso al empleo en otro Estado miembro.
En segundo lugar, se abordan los fundamentos jurídicos del derecho de residencia del demandante de empleo de la UE en otro Estado miembro y en particular la sentencia en el asunto Antonissen: el demandante de empleo de la UE tiene derecho a desplazarse a un Estado miembro distinto del de su nacionalidad para buscar empleo y a residir allí a ese fin durante al menos seis meses. Pasado ese plazo no puede ser expulsado si demuestra que continúa buscando empleo y tiene verdaderas oportunidades de ser contratado En tercer lugar, se examina el derecho del demandante de empleo de utilizar la asistencia de la red europea EURES (normalmente antes de desplazarse a otro Estado miembro) o de los servicios de empleo del Estado de acogida (una vez que se ha desplazado a otro Estado miembro).
En cuarto lugar, se considera el derecho a las medidas de activación en situaciones transfronterizas y en particular las sentencias ITC y Caves Krier. El Tribunal consideró que el condicionar el beneficio de medidas de activación al hecho de que el nuevo empleador pagase cotizaciones sociales o que el demandante de empleo estuviera inscrito en el servicio de empleo en el Estado otorgante del beneficio constituían una restricción a la libre circulación o una discriminación indirecta.
En quinto lugar, se considera el derecho clave al acceso al empleo en otro Estado miembro en igualdad de condiciones con los nacionales y se mencionan algunos ejemplos de prácticas prohibidas.
En sexto lugar se mira el acceso del demandante de empleo de la UE a las distintas prestaciones en el Estado de acogida con los diferentes derechos de acceso.
La sentencia en el asunto Collins (confirmada por las sentencias en los asuntos Ioanidis, Vatsouras y Koupatantze, Prete y Alimanovic) reconoce que los demandantes de empleo de la UE tienen derecho a las prestaciones financieras destinadas a facilitar el acceso al empleo en el mercado laboral de un Estado miembro pero el Estado miembro puede exigir que exista un vínculo entre el demandante de empleo y el mercado laboral del Estado de acogida.
La Directiva 2004/38 en el apartado segundo de su artículo 24 permite a los Estados miembros excluir del acceso a las prestaciones de asistencia social a los demandantes de empleo de otros Estados miembros que no hayan trabajado previamente en el Estado de acogida. Se examina también la jurisprudencia del Tribunal respecto al acceso a la asistencia social por parte de los ciudadanos de la UE que no ejercen actividades económicas: asuntos Brey, Dano, García-Nieto.
La Directiva 2004/38 en el apartado 3 letras b) y c) de su artículo 7 establece un sistema gradual de mantenimiento de la condición de trabajador que pretende asegurar el derecho de residencia y el acceso a las prestaciones sociales para los demandantes de empleo de la UE que hayan trabajado en el Estado de acogida.
Siempre que el empleo se haya perdido involuntariamente y que el trabajador se inscriba en el servicio de empleo, el que haya trabajado por un periodo de menos de un año conserva la cualidad de trabajador (y sus derechos) como mínimo durante seis meses; el que haya trabajado un año o más conserva la condición de trabajador indefinidamente (por supuesto siempre que cumpla las condiciones que el servicio de empleo le imponga, que no pueden ser distintas que las que impone a los nacionales). Se examina la sentencia del Tribunal en el asunto Alimanovic.
Por último, para completar el panorama, se menciona el derecho al acceso a prestaciones de seguridad social
The concept of European Union citizens seeking employment in a Member State other than that of which they are nationals (job seekers in the European Union) is not explicitly considered by the EU law. The sources of their rights are Article 45 TFEU, Regulation 492/2011, Directive 2004/38 and Regulation 883/2004. Their legal status has been built in overlapping layers according to the evolution of the EU law and the Court of Justice has been instrumental in the definition of the aforementioned Statute.
Firstly, this article examines the background of Article 45 TFEU regarding access to employment in another Member State.
Secondly, the legal foundations of the right of residence of EU job seekers in another Member State and, particularly, the judgement in the Antonissen case are addressed: EU job seekers have the right of movement to a different Member State of their nationality to seek employment and reside there for that purpose for at least six months. After that period, job seekers cannot be expelled if they show that they continue to look for a job and have real opportunities to be hired.
Thirdly, we examine the rights of job seekers to use the assistance of the European network EURES (usually before moving to another Member State) or the employment services of the host State (once they have moved to another Member state).
Fourth, the right to activation measures in cross-border situations and, in particular, the ITC and Caves Krier judgements are considered. The Court considered that conditioning the benefit of activation measures to the fact that the new employer should pay for social contributions or that the job seeker was registered in the employment service of the State granting the benefit, represented a restriction on free movement or an indirect discrimination.
Fifth, this paper also underlines the key right to access to employment in another Member State under equal conditions with nationals and some examples of prohibited practices are mentioned.
Sixth, the access of EU job seekers to different benefits in the host State with different access rights is also discussed.
The judgement in the Collins case (confirmed by the judgements in the Ioanidis, Vatsouras and Koupatantze, Prete and Alimanovic cases) recognizes that EU job seekers are entitled to financial benefits aimed at facilitating the access to employment in the labour market of a Member State but this State may require that there is a bond between the job seeker and the labour market of the host State.
Directive 2004/38 in the second paragraph of Article 24 allows Member States to exclude job seekers from other Member States who have not previously worked in the host State from access to social assistance benefits. Jurisprudence of the Court regarding access to social assistance by citizens of the EU who do not engage in economic activities is also examined: Brey, Dano, García-Nieto cases.
Directive 2004/38 in section 3 letters b) and c) of its article 7 establishes a gradual system of maintenance of the status of workers that tries to guarantee the right of residence and access to the social benefits for EU job seekers who have worked in the host State. Provided that employment has involuntarily been lost and that the worker is registered in the employment services, those who have worked for a period of less than one year maintain the status of workers (and their rights) for at least six months; those who have worked at least one year keep the status of worker indefinitely (of course, provided that they meet the conditions imposed by the employment services, which cannot be different from those imposed on nationals). The judgement of the Court in the Alimanovic case is examined.
Finally, to complete the picture, the right to access Social Security benefits is mentioned.
