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Carlos Luis Alfonso Mellado 
La inexistencia de una ley reguladora del derecho de huelga aprobada con posterioridad a la Constitución española produce el efecto de que dicha regulación se produzca en buena medida mediante la doctrina de los órganos judiciales; en este sentido ciertamente el papel esencial lo tiene la del Tribunal Constitucional, pero en muchos casos este se limita a establecer si los previos pronunciamientos judiciales de los órganos ordinarios se ajustan a la regulación constitucional. Eso evidencia la importancia de la interpretación del Tribunal Supremo que es el máximo órgano ordinario que resuelve los litigios en la materia. En realidad este trabajo se centrará en la Jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo pero no conviene ignorar que otras Salas intervienen también en la materia, por ejemplo y muy especialmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre todo en lo que se refiere a la garantía de los servicios esenciales para la comunidad y la consiguiente fijación de servicios mínimos.
Al concretar el trabajo en la Sala de lo Social conviene tener presente que la misma resuelve litigios por dos vías, la de la unificación de doctrina y la casación ordinaria al resolver procesos que han visto en instancia las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, lo que permite una amplia elaboración en la materia.
Si analizamos la Jurisprudencia de esta Sala de la última década (2010-2019), podemos concluir que hay temas que evidencian el impacto de cuestiones novedosas, especialmente las nuevas formas de esquirolaje utilizando los medios técnicos o las medidas de descentralización productiva o, también, la relación entre el despido colectivo y el derecho de huelga; en otros casos reaparecen temas tradicionales como los efectos de la huelga, su licitud, cuestiones relativas a los pactos de fin de huelga y a quien debe negociarlos, etc.
Es, sin duda, una elaboración de interés que permite conocer el régimen del derecho de huelga en aspectos esenciales y que suscita la duda de si un modelo de regulación basado en la jurisprudencia -ordinaria y constitucional- ofrece la estabilidad, en definitiva la seguridad jurídica, que sería deseable en una materia tan vinculada a la propia esencia del ámbito laboral y del Derecho del Trabajo.
La metodología seguida en el trabajo ha sido una metodología jurídica tradicional y, al tratarse de un análisis de la jurisprudencia de los últimos años, es decir, de la jurisprudencia reciente, se ha estudiado el conjunto de las sentencias del Tribunal Supremo en esos años, seleccionando la totalidad de las que resultan interesantes y establecían doctrina en la materia.
Hecha esa selección, se han analizado las cuestiones que ya habían sido objeto de tratamiento por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y se ha comparado la jurisprudencia reciente con la precedente para comprobar, en su caso, las posibles evoluciones que se hubiesen podido producir y que, como es claro, no responden en esta materia a cambios normativos pues estos desde 1977 prácticamente no se han producido.
Sí que se ha comparado la Jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con la que se ha producido en sede constitucional, concretamente con las sentencias del Tribunal Constitucional para analizar si pueden haber existido contradicciones, o los casos en los que la Jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se funda en la doctrina elaborada por el máximo interprete constitucional.
La metodología jurídica ha permitido extraer conclusiones que establezcan los aspectos más relevantes de la doctrina jurisprudencial elaborada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Como conclusiones más relevantes de la investigación aparecen, además de las particulares sobre cada cuestión, y en términos generales las siguientes:
Primera.- La importancia que tiene la elaboración jurisprudencial ante el carácter fragmentario, insuficiente y anticuado de una regulación legal del derecho de huelga que se produjo antes de la aprobación del texto constitucional y, en consecuencia, sin adaptarse al mismo.
Segunda.- La inseguridad jurídica que produce el que gran parte de las cuestiones importantes que se suscitan en torno al derecho de huelga tengan que solucionarse mediante doctrina de los órganos judiciales, doctrina que puede cambiar, y que además tiene dos sedes esenciales que no siempre coinciden en sus criterios: la del máximo órgano de interpretación constitucional -el Tribunal Constitucional-, y la del máximo órgano de interpretación ordinaria, que también aplica e interpreta la Constitución española, el Tribunal Supremo, en especial, aunque no exclusivamente, la Sala de lo Social. Incluso los cambios jurisprudenciales, absolutamente lícitos, incrementan ese margen de inseguridad en el ciudadano. Ni siquiera esa inseguridad desaparece por la existencia de una interpretación del Tribunal Constitucional, ya en 1981, sobre el texto normativo preconstitucional que regula el derecho de huelga, pues las lagunas jurídicas siguen existiendo y la aparición de nuevos problemas y realidades incrementa la insuficiencia de la regulación normativa.
Tercera.- La subsistencia de problemas interpretativos tradicionales que deberían considerarse resueltos, pero que siguen planteando conflictividad (eficacia de los pactos de finalización de la huelga, efectos de la huelga, esquirolaje interno, publicidad en torno a la huelga, etc.). Pese a que estas cuestiones han sido resueltas con claridad por la jurisprudencia, siguen planteando litigiosidad lo que resulta poco comprensible.
Cuarta.- La evolución de la litigiosidad en la materia, que junto a los problemas tradicionales, presenta nuevos perfiles derivados de las nuevas realidades que se van produciendo en el mundo laboral. Así, el impacto de los nuevos procesos productivos puede verse reflejado en las soluciones judiciales que han tenido que producirse para analizar el desvío de producción entre empresas, ya pertenezcan al mismo grupo empresarial o no, con la finalidad de compensar los efectos producidos por la huelga en una de ellas.
También se ve ese impacto en las soluciones judiciales sobre el denominado esquirolaje tecnológico, cuando las empresas utilizan medios técnicos para compensar los efectos de una huelga, resultando la jurisprudencia al respecto muy formalista.
Finalmente, y por citar otro caso, se ve ese impacto en la doctrina acerca de la relación entre el despido colectivo y el derecho de huelga y el posible impacto de medidas empresariales para disminuir la capacidad de presión de los trabajadores en torno a la negociación del despido.
En resumen de todo ello, puede verse la importancia de la jurisprudencia en torno al derecho de huelga que evidencia la necesidad de una mejor regulación normativa en una materia tan esencial en las relaciones laborales.
The absence of a law regulating the right to strike approved subsequent to the Spanish Constitution results in the fact that said regulation has been largely developed through judicial decisions; in this respect certainty the Constitutional Court plays an essential role, but in most cases, it merely establishes whether the previous rulings of the judicial bodies comply with the constitutional regulation. That demonstrates the importance of the interpretation of the Supreme Court, the highest ordinary judicial body which rules on disputes on these matters. Truly this paper will focus on the Jurisprudence of the Labor Chamber of the Supreme Court, albeit the role that other Chambers play in these matters cannot be overlooked, especially that of the Administrative Litigation Chamber with regards to guaranteeing essential community services and establishing minimum services.
When examining the work of the Labour Chamber, it should be borne in mind that it rules on disputes through two approaches, the unification of doctrine and the ordinary appeal when ruling on cases with first instance judgements of the Labour Chamber of the High Courts of Justice of the Autonomous Communities and the National High Court, which allows the Labour Chamber to extensively elaborate on these matters.
Analysing the jurisprudence produced by this Chamber in the last decade (2010-2019) we can conclude that the topics that demonstrate the impact of emerging issues, such as the new kinds of strike-breaking by using technical means or measures of productive decentralisation, or also, the relationship between collective redundancies and the right to strike; in other cases, traditional topics arise, such as the effects of strikes, its legality, issues related to end of strike agreements and the negotiation thereof, etc.
It is without a doubt an interesting analysis that provides insight on the regulation of the essential elements of the right to strike and that raises the question of whether a regulation model based on jurisprudence -ordinary and constitutional- offers the degree stability and legal certainty that would be desirable in a matter so closely linked with the very essence of employment and of labour law.
The methodology employed throughout this paper will be the traditional juridical methodology, and, given that it consists on an analysis of the jurisprudence over the last few years, that is to say, of recent jurisprudence, the subject of our study has been the decisions of the Supreme Court over that period of time, selecting those of interest which establish sound doctrine of these matters.
Upon the basis of this selection of jurisprudence, our analysis has focused on the matters dealt with by the Labour Chamber of the Supreme Court, comparing the recent jurisprudence with prior decisions to assess, where appropriate, the evolution that may have occurred which are rooted on normative changes in these matters, as virtually there have been none since 1977.
The Jurisprudence of the Labour Chamber of the Supreme Court has been compared with that of the Constitutional Court to analyse any potential contradictions, as well as the cases in which the decisions of the Labour Chamber have been based on the interpretations made by Constitutional Court.
The juridical methodology has allowed us to draw conclusions that establish the most relevant aspects of the jurisprudential doctrine established by the Labour Chamber of the Supreme Court.
Leaving aside our particular findings on specific issues, the main conclusions of our investigation are generally the following:
First.- The importance of jurisprudential developments in face of the fragmentary, insufficient and antiquated nature of the legal regulation of the right to strike, which was established before the adoption of the Constitution and is therefore has not been adjusted to comply with it.
Second.- The legal uncertainty caused by the fact most crucial matters that arise from the right to strike has to be solved by the doctrine of judicial bodies, which is not only susceptible to changes, but also has two essential sources which not always agree in the criteria that are to be applied: the highest authority for constitutional interpretation -the Constitutional Court-, and the highest body for ordinary interpretation, which interprets and applies the Spanish Constitution as well, the Supreme Court, particularly but not exclusively the Labour Chamber. Even the jurisprudential changes, absolutely licit, increase this level of uncertainty for citizens. This legal uncertainty was not eradicated either by the interpretation made in 1981 by the Constitutional Court of the pre-constitutional regulation of the right to strike, as the legal gaps remained in existence and the development of new problems and realities increased the inadequacies of the existing regulation.
Third.- The persistence of traditional interpretative issues that should be deemed resolved but that remain contentious (effectiveness of end of strike agreements, effects of the strike, internal strike-breaking, publicity of strike, etc.).
Although these matters have been clarified through judicial decisions, they still give raise to litigations, which is difficult to understand.
Fourth.- The evolution of litigations regarding these matters that, along with traditional issues, present new profiles derived from the new realities taking place in the employment sphere. Hence, the impact of new productive processes is reflected in the judicial solutions mean to analyse the production variance between companies, whether from the same corporate group or not, in order to offset the effects of a strike in one of them.
This impact can also be seen in the judicial solutions to the so-called technological strike-breaking, when companies use technical means to offset the effects of strikes, resulting in a very formal jurisprudence on this issue.
Finally, and to quote another example, this impact is also shown in the doctrine relating to the connection between collective redundancies, the right to strike and the possible impact of corporate measures to diminish the workers’ capacity to exert pressure on negotiations over redundancy.
In essence, the importance of jurisprudence on the right to strike demonstrates the need for a better legal regulation in a matter as essential as labour relations.
