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María Antonia Castro Argüelles 
Desde la reforma de 2012, el art. 86.3 ET limita la ultraactividad del convenio colectivo, de manera que transcurrido un año desde la denuncia de un convenio, sin que se haya pactado uno nuevo, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y pasará a aplicarse el convenio de ámbito superior.
Este precepto legal plantea algún problema, puesto que no aclara cómo se ha de cubrir el vacío normativo que se produce con la pérdida de vigencia del convenio denunciado, si no hay un convenio de ámbito superior. También puede resultar dudoso determinar qué debe entenderse por convenio de ámbito superior, habida cuenta que dicho ámbito puede referirse tanto al ámbito territorial como al funcional.
Estos problemas se evitan si existe un pacto en contrario. Otro tema es el momento en que ese pacto debe haberse producido, antes o después de la denuncia del convenio, y su alcance. Incluso puede plantearse si ese pacto en contrario llamado a alterar los efectos de la regla legal sobre ultraactividad puede estar en el convenio de ámbito superior aplicable.
Algunas de las dudas que se han producido sobre el particular han surgido también como consecuencia de la solución de contractualizar las condiciones pactadas en el convenio vencido que el TS, en su sentencia de 22 de diciembre de 2014, ha dado al problema del vacío normativo que se puede producir como consecuencia del fin de la ultraactividad del convenio cuando no hay convenio de ámbito superior ni pacto en contrario. En concreto ha llegado a discutirse si existe alguna situación en la que podría seguir aplicándose el convenio anterior, pese a existir un convenio de ámbito superior, porque este no tiene el mismo contenido; o porque esa sea la solución que parece se desprende de ese convenio de ámbito superior.
Todas estas cuestiones han llegado al TS. Las sentencias que las resuelven, con más o menos acierto, han contribuido a delimitar el alcance del art. 86.3 ET y, al mismo tiempo, a precisar el significado de la ultraactividad del convenio colectivo. Algunas de esas sentencias han venido, de algún modo también, a puntualizar en qué casos y con qué alcance procede la aplicación de esa tesis que incorpora la STS 22 de diciembre de 2014.
La problemática que se aborda en cada una de esas sentencias permite identificar tres grandes cuestiones. La primera, el fin de la ultraactividad cuando no hay un convenio de ámbito superior. La solución que ha ofrecido la STS de 22 de diciembre de 2014 para estos supuestos ha suscitado objeciones e inconvenientes, que merecen alguna reflexión.
La segunda cuestión ha surgido a propósito del papel del pacto en contrario. La intervención jurisprudencial ha venido a precisar el momento en que ese pacto debe producirse y cuál ha de ser su contenido. En alguna sentencia se ha puesto de manifiesto también que puede ser el convenio de sector el que incida sobre la ultraactividad del convenio.
La tercera cuestión, sobre la que han incidido algunas de las sentencias comentadas, tiene que ver con la entrada en escena del convenio de ámbito superior.
En este punto el TS ha ofrecido criterios para identificar el convenio superior aplicable así como para resolver cómo ha de operar en estos casos el paso de un convenio a otro.
Las soluciones que ofrecen las sentencias vienen a precisar las distintas opciones que propone el precepto para el fin de la ultraactividad, que, en primer lugar, puede evitarse con el pacto en contrario. Ese pacto en contrario, según el TS, puede ser posterior a la denuncia, alcanzarse en el curso de la negociación de un nuevo convenio o haberse acordado en el convenio agotado. No hay razones para entender que el acuerdo sobre ultraactividad sólo pueda adoptarse con posterioridad a la finalización del ámbito temporal del convenio colectivo;
ni para interpretar que ese pacto contenido en el convenio anterior a la reforma se deba entender modificado por ésta. Por ello deben considerarse válidas las cláusulas de ultraactividad indefinida contenidas en los convenios colectivos que se hayan negociado con anterioridad a la reforma.
Además de ese pacto en contrario del propio convenio vencido o del que se pueda alcanzar durante la negociación de un nuevo convenio, también puede influir en las reglas del art. 86.3 ET, sobre ultraactividad del convenio, el pacto que pueda incorporar el convenio de ámbito superior, de haberlo.
“Convenio superior” es aquel concurrente con el convenio fenecido que integra, en su ámbito de aplicación, actividades o relaciones laborales incluidas en este.
Cuando no haya duda sobre la existencia y aplicación de un convenio de ámbito superior procederá la aplicación del art. 86.3 ET en toda su plenitud, “sin que resulte procedente la aplicación de técnicas extrañas al precepto y a la propia configuración del sistema de fuentes del Derecho del Trabajo”, como las previstas en la STS 22 de diciembre de 2014, rec. 264/2014, para un supuesto específico en que se había producido un vacío normativo absoluto, al no haber pacto en contrario ni convenio de ámbito superior aplicable, y no había otra alternativa posible que la contractualización de las condiciones de trabajo establecidas en el convenio que ha perdido su vigencia.
En nada altera esta conclusión que el convenio colectivo de ámbito superior aplicable, pueda disponer “la conservación de las condiciones personales de las que disfrutase cada trabajador”, pues este tipo de previsiones no se refieren al mantenimiento de condiciones normativas que proceden del convenio aplicable anteriormente, sino a las estrictamente ad personam como mejora de las condiciones legales o convencionales.
La aplicación restrictiva que según el propio TS ha de hacerse de esta solución excepcional se extiende a su alcance, de manera que el mantenimiento de las condiciones económicas anteriores, entre las que está el mantenimiento de los complementos salariales “no va más allá de la fecha de la referida pérdida de vigencia del convenio colectivo”, a partir de ese momento no se devengarán nuevos incrementos en tanto las partes no negocien un nuevo convenio colectivo ni surgirán nuevas obligaciones para la empresa que no hubieran nacido aún al producirse el final de la vigencia del convenio fenecido.
Since the reform of 2012, Article 86.3 of the Workers Statute limits the extraordinary extension of the collective agreement. In particular, unless otherwise agreed, the collective agreement loses validity after one year of extension, computed since the denunciation or claim for termination. In that case, the collective agreement negotiated at a higher level shall be applied.
This legal precept poses a problem. It does not clarify how to cover the regulatory gap that occurs with the loss of validity of the previous collective agreement, in the case that there is not a higher level agreement to be applied.
It can also be doubtful what is to be understood by collective agreement negotiated at a higher level, as this expression could be referred either to the territorial level or to the functional scope of application.
These problems are avoided if there is a specific agreement on the matter by the parties. But this legal reference to a pact has also raised some questions about the moment in which that agreement should have been concluded, being doubtful if it should have been done before or after the claim for termination of the collective agreement. Besides, it is also controversial whether such a pact derogating from the general legal rule can be established in an applicable collective agreement negotiated at a higher level.
In addition, some of the problematic questions emerging in this respect have arisen as a result of the solution that has been given by the Supreme Court in its Judgment of 22 December 2014 in regard to the problem of regulation vacuum when there is no superior agreement applicable. In particular, has been discussed if it might be possible to somehow apply the expired agreement, even although there is a collective agreement of a higher level, when there are differences of content between those instruments; or in the case in which that is the solution that emerges from the collective agreement negotiated at a higher level.
All these issues have come up in legal disputes solved by the Supreme Court.
Its decisions have contributed to make clear the meaning and application of Article 86.3 of the Workers Statute, and they have outlined the significance of the extraordinary extension of the collective agreement. Some decisions indicate where and how to apply the case law doctrine of the Supreme Court Judgment of 22 December 2014, which implies just a particular solution for a circumstantial situation.
The problems addressed in these judgments allow identifying three major issues. The first one is the end of ultra-activity in the absence of a higher-level collective agreement. The solution offered by the STS of December 22, 2014 for these cases has raised objections and inconveniences, which deserve some reflection. The second question has arisen with regard to the role of the pacts to the contrary. The jurisprudential intervention has come to specify the moment in which these pacts can be reached and what their content should be. One judgment has also established that the industry-level collective agreement may determine the ultra-activity of the agreement. The third question, addressed by some of the previously mentioned judgments, has to do with the applicability of a higher-level collective agreement. Related to this point, the Supreme Court has introduced criteria to identify the applicable higher-level collective agreement and to regulate the transition from one agreement to the other.
The solutions offered by these judgments come to clarify the different options proposed by the law regarding the limits of the ultra-activity of the collective agreements, which, in the first place, can be avoided with a pact to the contrary. These pacts to the contrary, according to the Supreme Court, may be subsequent to the denunciation of the collective agreement, can be reached while negotiating a new agreement or can have been agreed in the denunciated agreement. It cannot be argued that the pacts on ultra-activity can only be adopted after the termination of the collective agreement; nor to interpret that any clause at this respect contained in the collective agreements signed prior to the 2012 reform must be understood modified by it. Therefore, the clauses of indefinite ultra-activity contained in collective agreements that have been negotiated prior to the 2012 reform must be considered valid.
In addition to any pact to the contrary included in the terminated collective agreement or that can be reached during the negotiation of a new one, it may also influence the rules of art. 86.3 ET, on ultra-activity of the collective agreement, the pact that may be included in a higher-level collective agreement, should it exist.
“Higher-level collective agreement” is the one concurrent with the terminated collective agreement that integrates in its scope of application, activities or labor relations included in the previous one. When there is no doubt about the existence and application of a higher-level collective agreement, the art. 86.3 ET must be fully applied, “without the application of any additional technique not contemplated in the precept nor in the configuration of the system of sources of Labor Law”, such as those mentioned in the Supreme Court Judgment of 22 December 2014, rec. 264/2014, for a case in which an absolute normative vacuum existed, as there was no pact to the contrary or a higher-level applicable collective agreement, so there was no other possible choice than the contractual application of the working conditions established in the terminated agreement.
This principle of applicability of the higher-level collective agreement remains even if this higher order agreement establish “the conservation of personal conditions enjoyed by each worker”, because this type of provision does not refer to the maintenance of regulatory conditions that come from the previously applicable collective agreement, but only to the ones strictly ad-personam that improve legal or statutory conditions.
This restrictive application that, according to the Supreme Court, must be made of this exceptional solution extends also to its scope, so that the maintenance of the previous economic conditions, including salary supplements, “does not go beyond the date of the aforementioned loss of validity of the collective agreement”. Thus, from that moment on, no new salary increases will be accrued as long as the parties do not negotiate a new collective agreement, nor new obligations will arise for the company, except those already effective at the moment in which the terminated agreement lost its validity.
