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Este artículo realiza un análisis comparativo de las bases constitucionales de México y los Estados Unidos y su aplicación en dos casos. Se reconoce que existen puntos de comparación y otros no. Por ejemplo, en los casos que se aborda, aunque se refiere a las afectaciones territoriales relacionadas con los derechos humanos, son diferentes. En el caso norteamericano, tenemos una comunidad de ascendencia europea-americana, en el caso mexicano, tenemos una comunidad indígena. En ambos, se vea la participación del Estado de una manera que implícita o explícitamente favorece los intereses de las empresas de energía, más que los intereses de las comunidades en cuestión. El objetivo es mostrar cómo el ideal democrático, teóricamente sostenido y protegido por los sistemas constitucionales tanto mexicano como norteamericano, en realidad no se cumple. El caso mexicano documenta el intento de aplicar medidas de reforma energética, sin tener en cuenta los derechos de las comunidades indígenas y sus pueblos. En el caso de América del Norte, el marco normativo ha evolucionado para favorecer estructuralmente los intereses corporativos, a expensas de los derechos humanos. Si bien los estudios de caso exponen la relación de la ley y el Estado con los gobernados, existen particularidades: las prácticas y procedimientos de los distintos órganos de gobierno involucrados, y el tratamiento de las comunidades ante la ley, por un lado, una comunidad de ascendencia europeo-estadounidense, por otro una comunidad indígena en México. Estas son áreas para futuros análisis comparativos, más allá del alcance exploratorio inicial de este artículo.
This article performs a comparative analysis of the constitutional bases of the Mexican and U.S. legal systems, and how they are expressed in two case studies. Both case studies deal with human rights as expressed through a community’s relationship to territory. However, the communities in question are differentiated by their status as legal subjects. The U.S. case examines a community primarily comprised of European-American descendants; the Mexican case considers an indigenous community. Nevertheless, in both cases State involvement occurs that favors the interests of energy companies, rather than the expressed interests of the communities. The Mexican case documents an attempt to apply energy reform measures, without taking into account the rights of indigenous communities. The U.S. case shows how legal constructs have evolved to structurally favor corporate interests at the expense of human rights. These examples are used to demonstrate how democratic ideals, ostensibly protected by Mexican and U.S. constitutional systems, remain unfulfilled. While the case studies discuss how the law and the State relate to the governed, particularities exist due to the practices and procedures of the distinct governing bodies involved, and because the governed peoples - a community of European-American descent and an indigenous community in Mexico - are different legal subjects before the law. These are areas for future comparative analysis and beyond the scope of this article.
