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Teresa Fajardo del Castillo 
El pasado 20 de Mayo de 2019, el Grupo de Trabajo especial de composición abierta establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para estudiar el futuro proceso de negociación de un Pacto Mundial por el Medio ambiente, dio un giro a las negociaciones posponiendo varios años su desenlace y renunciando a la naturaleza convencional del Pacto. El cambio de rumbo afecta además a los objetivos de la propuesta de Pacto presentada por Francia que perseguía la adopción de un tratado general para la protección del medio ambiente. Esta propuesta tenía su origen en el texto elaborado por el “Club de Juristes” -un actor no estatal de carácter académico-, que tras ser endosado por Francia habría pasado a ser el instrumento de soft law que impulsaría la adopción de la Resolución 72/277 de la Asamblea General con la que Francia promovería la negociación de un tratado internacional. Su objetivo último era realizar una codificación de los principios del derecho internacional del medio ambiente y reconocer derechos de tercera generación que permitirían a la sociedad civil proteger el medio ambiente. En la nueva visión del Pacto, el foco de atención se sitúa ahora en la mejora de la aplicación del derecho ambiental que se alcanzaría con la adopción en 2022, de una Declaración de Principios respetuosa con la soberanía de los Estados, coincidiendo con el 50 aniversario de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio humano.
On 20 May 2019, the ad hoc open-ended Working Group appointed by the General Assembly of the United Nations to study the future negotiation process of a Global Pact for the Environment, gave a turn to the negotiations postponing several years its outcome and renouncing to its conventional nature. The change of course that has been adopted also affects the objectives of the proposal of the Pact presented by France that pursued the adoption of a general treaty for the protection of the environment. The French proposal had its origin in the text prepared by the "Club de Juristes" -a non-state academic actor-, which after being endorsed by France had become the soft law instrument that triggered the adoption of the Resolution 72/277 of the General Assembly. Its ultimate goal was to codify the principles of international environmental law and recognize third-generation rights that would allow civil society to protect the environment. In the new vision of the Pact, the focus of attention is on improving the application of environmental law, a goal that would be achieved with the adoption of a Declaration of Principles respectful of the sovereignty of States in 2022 coinciding with the 50th anniversary of the Stockholm Declaration on the Human Environment.
